La investigación 'PolaSanta' se ha prolongado durante tres años y ha permitido detener a 129 personas y detectar 72 enlaces presuntamente ilegales por los que pagaban hasta 10.000 euros
REDACCIÓN / AGENCIAS. Murcia
Desarticulado un complejo entramado criminal acusado de dedicarse a la obtención de permisos de residencia para personas extranjeras mediante la celebración de matrimonios de conveniencia entre ciudadanos españoles y no comunitarios, concertados principalmente en el Juzgado de Paz de Santa Pola. La red, cuyo presunto "cerebro" era una abogada afincada en Elche, llevaba operando desde el año 2017 en Alicante y Murcia.
La investigación de la Policía Nacional, bajo el nombre de 'PolaSanta', se ha prolongado durante tres años y ha permitido detener a 129 personas y detectar 72 enlaces presuntamente ilegales que dieron lugar a 51 permisos de residencia de familiar comunitario. Por estos trámites fraudulentos los contrayentes pagaban hasta 10.000 euros.
La presunta cabecilla presuntamente instruía "meticulosamente" a los contrayentes para las entrevistas matrimoniales. Los 129 detenidos, 66 hombres y 63 mujeres, de diversas nacionalidades y de edades comprendidas entre los 23 y 71 años, han pasado a disposición judicial bajo la acusación de delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental, falso testimonio y pertenencia a grupo criminal.
La operación se inició en el mes de marzo del año 2019 por la Policía Nacional y ha concluido recientemente con una investigación que ha permitido destapar un "ingenioso" entramado delincuencial que llevaba operando desde el año 2017 en Alicante y Murcia.
El epicentro del entramado se encontraba en Elche, desde donde los investigadores tuvieron conocimiento que operaba una abogada, quien a través de su gestoría, presuntamente había diseñado un complejo entramado criminal en el que participaban distintas personas con funciones diferenciadas.
Sus labores estaban orientadas a conseguir, a través de la celebración de matrimonios de conveniencia entre ciudadanos españoles y extranjeros no comunitarios, la obtención de permisos de residencia de familiar comunitario para estos extranjeros en situación irregular, en gran mayoría de Marruecos y Argelia, a cambio de grandes cantidades de dinero.
Los "intermediarios" y los "empadronadores" proporcionaban mediante documentación falsa la cobertura legal para que se pudiera llevar a cabo la tramitación del matrimonio. Este apelativo de "empadronadores" se ajustaba a su principal función, que presuntamente estaba encaminada a confeccionar falsos empadronamientos para ellos y que, unas veces eran íntegramente falsos, y otras se habrían realizado con el consentimiento de los legítimos propietarios de las viviendas utilizadas para este fin a cambio de dinero.
Finalmente, mediante la colaboración de "falsos testigos", como último escalón de participantes en el plan, la propia abogada instruía meticulosamente a los contrayentes y testigos, en las distintas fases de todo el proceso.
Así les preparaba sobre la versión que debían sostener para burlar a las diferentes administraciones y les advertía que, además del primordial requisito de empadronamiento en la localidad para iniciar el expediente matrimonial, debían crear una versión de su supuesta relación afectiva para que no fuera detectado el fraude en las entrevistas matrimoniales.
Así fue como, presuntamente, esta abogada ilicitana desde su asesoría con ánimo de lucro y de manera coordinada en el engaño, urdió este plan con la participación activa de un amplio plantel de colaboradores en la trama, que actuaban siempre a cambio de una remuneración económica.
