Abren juicio oral contra el exconsejero de Agricultura y el excomisario de Aguas. El fiscal solicita para Antonio Cerdá y Manuel Aldeguer 1 año y 9 meses de prisión y una multa de 5.760 euros
MACU ALEMÁN / REDACCIÓN. Cartagena
Los imputados en el Caso Topillo tienen ahora, tras el auto de apertura de juicio oral, unas seis semanas para presentar sus escritos de defensa. El abogado de la acusación particular estima que el juicio de la principal causa del Mar Menor no se celebrará hasta 2023.
Una estimación basada en su experiencia y en el volumen de trabajo actual de la Audiencia Provincial. El abogado ambientalista, Ginés Ruiz, calcula que la vista oral del caso Topillo no se celebrará al menos hasta dentro de un año.
Por decisión de la Audiencia Provincial y contra el criterio del juez instructor del caso Topillo y de la acusación particular, la causa de la crisis ambiental del Mar Menor quedó desperdigada en otras 39 piezas que verán diferentes juzgados en San Javier, Murcia y Cartagena. Todavía puede ocurrir, advierte el abogado, que el caso Topillo vuelva a trocearse.
El magistrado titular del juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, en un auto notificado este jueves, ha abierto juicio oral por delitos contra el medio ambiente contra empresarios, administradores o encargados de 37 empresas agrícolas, por vertidos contaminantes al Mar Menor procedentes del uso de desalobradoras ilegales en el campo de Cartagena, informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJMU) en un comunicado.
Además, en esta causa principal también se enjuiciará por prevaricación ambiental por omisión de las inspecciones obligatorias respecto al exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá. y el excomisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica, Manuel Aldeguer.
Para ellos, el fiscal solicita un año y nueve meses de prisión, una multa de 16 meses con una cuota diaria de doce euros e inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público durante nueve años. Peticiones de penas que elevan tanto la representación procesal de Greenpeace España y como la de Ecologistas en Acción, ANSE, y Sociedad Española de ornitología SEO Birdlife.
La resolución ordena, además, que se requiera a los acusados y responsables civiles para que presten una fianza que asciende a un total de 16,25 millones de euros, "con apercibimiento de embargo de bienes".
Por último, el instructor, tras declarar a la Audiencia Provincial de Murcia, como órgano competente para el enjuiciamiento de la causa, establece que se emplace a los acusados para que presentes sus escritos de defensa.
NO ES UNA CAUSA GENERAL SOBRE LA DEGRADACIÓN DE LA LAGUNA
Por otro lado, el instructor desestima ocho recursos de reforma interpuestos por la representación procesal de distintos investigados y que se sustentan esencialmente en que no existen indicios suficientes de delito respecto de sus representados, la falta de competencia del juzgado para la instrucción o que piden la nulidad de actuaciones por infracción y vulneración de los derechos de defensa de las partes investigadas.
Igualmente, vuelve a denegar la petición de prueba de remitir oficio a Onda Regional con el fin de que remitan copia integra de la entrevista realizada al fiscal Superior por no estimarse relevante para la instrucción de la causa y su finalización. Tampoco considera procedente el magistrado solicitar a las comunidades de regantes que comprueben la autenticidad de cierta documentación e informen sobre volúmenes de agua suministrados, solicitado por otra de las partes.
PRÓRROGA DE INSTRUCCIÓN
Respecto a la segunda pieza, recientemente escindida, el instructor desestima en una resolución los recursos planteados contra el auto que acordaba la prórroga de las actuaciones por falta de competencia del juzgado número 2 de Murcia. El magistrado insiste en su necesidad por la complejidad de las actuaciones que habían de practicarse y el corto lapso restante para la extinción del plazo de instrucción y recuerda que esta resolución fue anterior a la inhibición.
