Recuerda que abandonaron un grupo controlado por expulsados del partido, entre los que se encuentra el presidente del parlamento autonómico Alberto Castillo
REDACCIÓN
Ciudadanos presenta un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por un caso de trato discriminatorio a los dos diputados regionales (Ana Martínez Vidal y Juan José Molina) que se pasaron al grupo mixto tras la fallida moción de censura.
Los servicios jurídicos de la formación política se basan en tres acuerdos que toma la Mesa de la Asamblea que, en su opinión, atropellan los derechos fundamentales de unos diputados que representan al 12% de los votantes que dieron el apoyo a Ciudadanos en las elecciones de mayo de 2019.
Recuerdan que abandonaron un grupo controlado por expulsados del partido, entre los que se encuentra el presidente del parlamento autonómico Alberto Castillo. Se quejan de que la Mesa se saltó el informe de los servicios jurídicos y que no se respeta la proporción de la representación para el reparto de las iniciativas parlamentarias, la participación en los órganos de la cámara y el reparto de los medios económicos y materiales del grupo mixto, en el que también pertenecen dos parlamentarios de Podemos, según ha explicado la diputada Ana Martínez Vidal.
Los diputados de Ciudadanos no tienen derecho a ostentar la portavocía en lo que resta de legislatura, solo participan en dos de las ocho comisiones de la Asamblea y no disponen de un espacio adecuado para que los trabajadores del grupo puedan desempeñar su labor.
La formación liberal lleva al Constitucional lo que considera decisiones arbitrarias del grupo Mixto y las descalificaciones que incluyen los escritos que reciben, así como la retirada de las acreditaciones a dos de los trabajadores del grupo parlamentario.
