En los 2 últimos años el Gobierno regional ha usado de forma recurrente fórmulas que le permiten eludir los dictámenes del CES y del Consejo Jurídico. José Antonio Cobacho traslada su preocupación a López Miras
La fórmula elegida para sacar adelante esta nueva regulación, la figura del "decreto ley", le ha permitido al Gobierno regional eludir los controles técnicos del Consejo Jurídico y del Consejo Económico y Social, órgano este último que en el pasado se ha mostrado muy crítico con otras normas de este estilo. Tal vez lo más llamativo es que la situación no es nueva: en los últimos dos años el ejecutivo regional ha utilizado de manera habitual mecanismos legislativos que, como en este caso, le permiten tramitar normas sin necesidad de contar con el visto bueno de estos órganos consultivos.
La última vez que una norma de dinamización económica fue sometida al dictamen del Consejo Económico y Social (CES) fue en 2012 y el informe negativo de este órgano resultó muy contundente y crítico. Aquel texto tuvo que ser sometido a la consideración del CES porque se había configurado como un proyecto de ley. En esta ocasión, el Gobierno ha legislado a través de un "decreto-ley", que no le obliga a requerir un dictamen del CES. Ocurre algo parecido cuando nos encontramos con una propuesta legislativa que no plantea formalmente el gobierno, sino que se presenta como una "proposición de ley" a través del grupo parlamentario del PP en la Asamblea Regional, como ocurrió con la proposición de ley de Autonomía Financiera finalmente tumbada por los servicios jurídicos del propio parlamento. Tampoco en esos casos hace falta que la iniciativa obtenga el visto bueno del Consejo Económico y Social o del Consejo Jurídico de la Región, según indica el presidente del CES, José Antonio Cobacho.
Pero lo más llamativo es que en los últimos meses el ejecutivo de Fernando López Miras ha recurrido con más frecuencia de lo que era habitual a cualquiera de estas dos fórmulas. El resultado es que, en todo lo que llevamos de año, el CES ha emitido un único dictamen sobre una propuesta normativa del ejecutivo, el que publicó en el mes de junio sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprobaba el reglamento de accesibilidad universal de la Región de Murcia. Esa estrategia ya se había apuntado el año anterior, 2021, cuando el CES sólo pudo pronunciarse sobre cuatro decretos, reduciendo su capacidad de control a la mitad de lo que venía siendo habitual en los ejercicios anteriores. La situación, dice Cobacho, es evidente y él mismo la ha trasladado tanto al presidente López Miras como a varios miembros de su ejecutivo.
Un apunte más: la fórmula del decreto ley elegida por el Gobierno regional para esta nueva norma de "Dinamización Económica" convalidada hoy por la Asamblea merece otra crítica jurídica. Los expertos insisten en que esa figura debería quedar limitada a los casos en que exista la urgente necesidad de actuar frente a una situación sobrevenida. Y esa, nos dicen, es una consideración que difícilmente puede aplicarse en esta ocasión.
