Miguel López Abad, presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, pedía flexibilidad de la Administración regional para cobrar la amortización de los préstamos realizados por parte de organismos públicos a las empresas
El Consejo Económico y Social (CES) muestra su preocupación por el escenario inflacionista y de inestabilidad económica provocado por la guerra de Ucrania y pide a la Administración regional que sea más flexible a la hora de que las empresas amorticen sus préstamos avalados por organismos públicos. Así lo ha asegurado Miguel López Abad, presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, en el transcurso de la presentación de la memoria anual de esta institución.
El CES también pide consenso a las administraciones para avanzar en la mejora del Mar Menor y en el desarrollo de proyectos estratégicos como el Corredor Mediterráneo o el Gorguel explicaba José Antonio Cobacho, presidente del organismo consultivo.
Del ámbito laboral, la memoria destaca los altos índices de ocupación en 2021, pero se constata un incremento de la temporalidad, hasta el 29 por ciento, de la población asalariada hasta la entrada en vigor de la reforma laboral a finales del pasado año. Preocupa al CES la tasa de contratos temporales en el sector público según Antonio Jiménez, secretario regional de UGT.
Y en el campo de la innovación y tecnología, el CES propone la elaboración de un Plan de Ciencia y Tecnología, Juana Pérez, presidenta de la asociación de consumidores Thader.
El GOBIERNO REGIONAL DICE QUE ES UNA PRIORIDAD GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA CON INDEPENDENCIA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA
Facilitar el acceso a la vivienda a todas las familias de la Región de Murcia con independencia de su situación económica es una prioridad del Gobierno autonómico. El director general de Vivienda responde así a las carencias que en esta materia apunta el Consejo Económico y Social de la Región.
El Consejo reitera en su informe la necesidad de un nuevo plan de vivienda con el fin de atender a los colectivos más vulnerables. Plantea también reforzar las actuaciones para el impulso de la vivienda protegida de promoción pública y la oferta de vivienda en alquiler.
Lajara ha hablado también sobre el retraso de varios meses en la puesta en marcha del bono joven, la ayuda al alquiler financiada por el Gobierno de España, aprobada en enero, y que contempla una subvención mensual de 250 euros para menores de 35 años que ganen menos de 24.000 euros. El director general achaca la demora a las exigencias burocráticas y al ingreso de los fondos por parte del Ministerio y anuncia que estará en vigor muy probablemente a lo largo del mes de julio.
