Los inspectores de trabajo recuerdan que esas penas ya están recogidas en el Código Penal
PSOE y Unidas Podemos han acordado reformar el Código Penal para endurecer la normativa contra los responsables empresariales que vulneren los derechos de los trabajadores en repetidas ocasiones.
La coalición de gobierno propone un nuevo apartado en el artículo 311 del Código Penal para perseguir actitudes empresariales constantes contrarias a la legislación en material laboral. Concretamente, se incluye un primer apartado con penas de prisión de seis meses a seis años, y multa de seis a doce meses, para aquellos que "mediante engaño o abuso de situación de necesidad", impongan a los trabajadores a su servicio "condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual".
"Las mismas penas se impondrán a quien imponga condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantenga en contra de requerimiento o sanción administrativa".
Los inspectores de trabajo esperan una mayor concreción sobre la reforma que se plantea. María José Díaz, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, asegura que esas penas de 6 meses a 6 años ya están recogidas en el Código Penal en los casos en los que cuando se establecen las condiciones de trabajo mediando engaño o situación de extrema necesidad.
La modificación persigue a empresas que siguen operando con falsos autónomos, por ejemplo, actitudes de empresas dedicadas al reparto de comida a domicilio que continúan operando con una mayoría de ‘riders’ autónomos y se niegan a incorporarles a su plantilla, pese a que han sido sancionadas. Díaz insiste en la necesidad de redactar bien el texto para no cometer errores.
El sindicato CCOO ha aplaudido la intención del gobierno de castigar a los empresarios que incumplan de forma constante la legislación laboral. El secretario regional del sindicato, Santiago Navarro, señala directamente a las plataformas digitales que, a pesar de tener una ley rider, siguen incumpliendo la norma contratando a falsos autónomos.
Por su parte, la patronal murciana CROEM lamenta que el Gobierno tome decisiones políticas que afectan a los empresarios sin haber negociado con ellos. El presidente de los empresarios murcianos, José María Albarracín, critica que el Ejecutivo nacional ni siquiera dé a conocer a las organizaciones empresariales este tipo de medidas antes de acordarlas. Lamenta que siempre se ponga al empresario "en el centro de la diana de actitudes delictivas" y defiende que la inmensa mayoría de ellos cumple con la normativa laboral.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya avanzó que trabajaba con Justicia y la Fiscalía para reformar delitos en el ámbito laboral, con el objetivo de poder depurar responsabilidades penales en los tribunales.
Hoy en redes sociales, ha destacado que tras este pacto, vía enmienda, la "defensa de los derechos laborales en casos flagrantes de injusticia estará garantizada por el Código Penal", con una redacción para que los "incumplimientos reiterados" de la legislación laboral no queden impunes.
El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha explicado que se elevan penas para empresarios que, de forma sistemática, incumplen la legislación laboral y evitar que, como a su juicio ocurre ahora, se vayan de "rositas" dado que les "compensa más pagar la multa que cumplir la legalidad".
