La consejería de Medio Ambiente culpa a un "jurídico responsable que propuso archivar las acusaciones sin justificar el cambio de criterio"
MACU ALEMÁN. Cartagena
El Tribunal Superior de Justicia obliga a la Comunidad Autónoma a exigir responsabilidad ambiental a ocho explotaciones agrícolas y particulares por los vertidos al Mar Menor tal y como había solicitado la Fiscalía. Para la acusación particular, la sentencia deja en evidencia a la Administración Regional.
El TSJ estima de esta forma el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la Consejería de Medio Ambiente, que optó por el silencio administrativo cuando la Fiscalía pidió iniciar expedientes contra empresas agrícolas y particulares por vertidos con exceso de nitratos, de salmueras, o extracción de agua de los acuíferos. En la práctica, los procedimientos de responsabilidad ambiental obligan entre otras cuestiones a reparar el daño causado con arreglo al principio de quien contamina paga. Ginés Ruiz, abogado de la acusación particular califica de muy buena noticia la decisión del Tribunal Superior.
La Consejería de Medio Ambiente se opuso en su día alegando inicialmente que el asunto no era de su competencia. Las ocho empresas y particulares a los que se refiere el TSJ son investigados del caso Topillo. El Tribunal entiende que la exigencia de responsabilidad ambiental no se hace por daños al dominio público hidráulico sino al Mar Menor, y es independiente de los procedimientos sancionadores que ponga en marcha la Confederación Hidrográfica. El director de ANSE, una de las tres organizaciones personadas como acusación particular, cree que la sentencia deja en evidencia a la Administración regional que ha intentado desde el principio, dice Pedro García, eludir su responsabilidad.
LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE RESPONSABILIZA A UN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL
La Consejería de Medio Ambiente responsabiliza a un jurídico de la Administración Regional de haber propuesto el archivo de los expedientes de responsabilidad ambiental que ahora le exige el Tribunal Superior de Justicia. El director general, Francisco Marín, dice que acatarán la sentencia e iniciarán el procedimiento contra las explotaciones agrícolas.
La versión de la Consejería es que la Fiscalía pidió en mayo de 2020 depurar la responsabilidad ambiental con arreglo a la ley del mismo nombre y la comunidad designó a un jurídico con experiencia demostrada quien estimó un mes después que la comunidad autónoma era, efectivamente, competente para hacerlo. Dice el director general de Medio Ambiente que, unos meses después, en marzo de 2021 el citado funcionario propuso archivar las actuaciones sin justificar el cambio de criterio. El político afirma que se limitó a seguir las indicaciones del jurídico.
Aunque la ley de Responsabilidad Ambiental data de 2007, los expedientes abiertos con arreglo a la norma en todo el país pueden contarse con los dedos de una mano, según el director general. Demostrar la relación directa entre empresas y contaminación en el Mar Menor no será fácil, según augura Marín. La Consejería anuncia que iniciarán los expedientes de responsabilidad ambiental en el plazo más breve posible.
RESPUESTA DEL FUNCIONARIO ALUDIDO POR LA CONSEJERÍA
La respuesta del funcionario señalado, no ha tardado en llegar y lo ha hecho por escrito. En un comunicado en el que considera insólito que se le señale como responsable último de la posición de la Comunidad Autónoma. Sostiene que la decisión, por mucho que fuera propuesta por él, es "de la absoluta responsabilidad" del Director General de Medio Ambiente, que puede seguirla o rechazarla.
Argumentar que apartarse de su propuesta implicaría incurrir en un delito de prevaricación, sólo puede entenderse, sostiene, como un despropósito propio del desconocimiento de los asuntos jurídicos. Este funcionario explica también que desde el primer momento reclamó el apoyo de especialistas en un asunto tan complejo, apoyo que en ningún caso se le facilitó.
Concluye afirmando que no puede consentir que se ponga en cuestión su profesionalidad y termina con este párrafo que reproducimos textualmente: "si la sentencia ahora publicada ha puesto de manifiesto que la Comunidad Autónoma lo ha hecho rematadamente mal, haciendo dejación de sus obligaciones legales de reparar los grandes daños ambientales causados al Mar Menor, es la institución y sus representantes los que deben asumir sus responsabilidades en primer lugar".
