Fuensanta Gómez Manresa es profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia y experta en legislación urbanística, explica que las cesiones que se hicieron en el marco del convenio tienen carácter finalista
PACO MARTÍNEZ / SUSANA AZPARREN. Murcia
El Ayuntamiento de Murcia espera los informes definitivos de los servicios técnicos que corroboren que el equipo de Gobierno de Ballesta destinó al menos 26 millones de euros a inversiones con conocimiento de la sentencia sobre los convenios de la zona Norte del Tribunal Superior de Justicia.
El concejal de Gestión Económica, Enrique Lorca, asegura que el consistorio tiene ahora un doble problema: por una parte buscar financiación para ejecutar las obras de la zona Norte que no fueron realizadas y, por otra, buscar financiación para realizar otras obras que estaban presupuestadas de forma irregular y poder así ejecutarlas.
El equipo de gobierno habla de un total de 54 millones de euros usados de forma irregular por los populares. Los servicios técnicos del consistorio lo demostrarán así, según Lorca, la semana que viene en los informes preceptivos. Lorca asegura que el equipo de Ballesta estaba dopado económicamente y habían convertido a la Glorieta en un Versalles.
Desde el PP, el concejal Eduardo Martínez Oliva asegura que no tienen por que defenderse de las acusaciones del equipo de gobierno. Reitera que todas las inversiones son legales, y que los concejales socialistas y de Ciudadanos dieron su apoyo.
El vicealcalde Mario Gómez asegura que el anterior alcalde Ballesta va a pasar a la historia del municipio como el primer edil que más daño ha hecho al municipio.
"NO SE PODÍA DESTINAR EL DINERO A OTRA COSA QUE NO FUERA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS GENERALES EN LA ZONA NORTE"
Hemos pedido un análisis jurídico del caso , para tratar de comprobar hasta qué punto tienen fundamento los argumentos que esgrime el actual equipo de gobierno. Fuensanta Gómez Manresa es profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia y experta en legislación urbanística. En su opinión no cabe duda alguna: la sentencia de la Audiencia Provincial que luego ratificó el Supremo es muy clara al establecer que el Ayuntamiento de Murcia no podía destinar el dinero que recibió de los promotores a otra cosa que no fuera la construcción de infraestructuras generales en la zona norte de la ciudad.
En opinión de Gómez Manresa los fundamentos jurídicos de la sentencia son intachables y admiten pocas interpretaciones. El Ayuntamiento pidió a los promotores una compensación económica importante, mayor que la que recibió en otros desarrollos urbanísticos, precisamente porque entendía que la dimensión de sus proyectos, más de 12 millones de metros cuadrados y cerca de cien mil habitantes potenciales, iba a requerir una enorme inversión para dotar a esa zona de servicios generales, entendiendo por tales desde redes de abastecimiento de agua potable a viales o servicios públicos. Esa previsión justifica las millonarias compensaciones económicas que recibió el municipio, pero al mismo tiempo también condiciona el destino del dinero. Gómez Manresa cita textualmente la sentencia.
Dicho de otra manera: las cesiones económicas, las compensaciones pagadas por las promotoras, tenían carácter finalista
Y como Gómez Manresa recuerda, una partida presupuestaria con carácter finalista sólo puede emplearse en financiar aquellas actuaciones que forman parte de su objetivo, en este caso, servicios generales en la zona Norte. Es la misma situación que se produce cuando una administración recibe una subvención para acometer una intervención concreta.
