La Plataforma Estatal de Familiares acusa de insolidarias a las autonomías que se niegan a cumplir el acuerdo sobre residencias y centros de día. Los sindicatos acusan al ejecutivo murciano de primar el negocio privado
Murcia tendrá nueve meses para adaptarse a la nueva normativa sobre residencias sociosanitarias, centros de día, teleasistencia y servicios de ayuda a domicilio. El gobierno murciano ha anunciado su negativa a adoptar el acuerdo estatal, pero eso solo serviría para optar a menos financiación por parte del Estado, ya que ese presupuesto se diseñará basándose en el nuevo modelo de cuidados.
Los requisitos mínimos acordados han disgustado a Murcia y a otras ocho autonomías, que también votaron en contra. Y no han gustado a la patronal del sector, que ve encarecer el coste del servicio, más personalizado y con menos plazas por centro. Los familiares de residentes están decepcionados, porque esperaban un plan más ambicioso e inmediato, y los sindicatos también consideran insuficientes las medidas.
LOS FAMILIARES SE MOVILIZAN CONTRA LAS AUTONOMÍAS "INSUMISAS"
Familiares de quienes viven en residencias sociosanitarias acusan de insolidaria e irresponsable a la comunidad de Murcia que, como Galicia y Madrid, ha anunciado que no cumplirá el acuerdo estatal sobre un nuevo modelo asistencial. Preparan una gran manifestación el 17 de septiembre en Madrid para reclamar de las autonomías un trato digno para mayores y personas con discapacidad.
La Plataforma Estatal de Familiares de Residencias ha participado en la redacción del acuerdo que obliga a implantar un nuevo modelo en residencias y centros de día. Paulino Campos, su portavoz, explica que uno de los motivos de la manifestación que preparan es mostrar públicamente su rechazo a las autonomías que se niegan a aplicar los cambios.
Y eso que les parece un acuerdo tibio, y piden una implicación mayor en la construcción de residencias públicas, menor tamaño, más habitaciones individuales, más personal de cuidados por cada residente o mayor implicación de la inspección. También consideran un error prolongar la prohibición de las sujeciones o contenciones que se utilizan en algunos casos.
Campos recuerda que, además, la negativa a su cumplimiento es ilegal.
Los familiares de quienes viven o acuden a residencias y centros de día consideran que la estrategia partidista de rechazo a esos acuerdos mínimos solo sirve para que se prolongue la penosa situación de muchas personas. Preparan, con ese objetivo, la concentración nacional en Madrid, después del verano.
LOS SINDICATOS RECLAMAN UN ACUERDO MÁS AMPLIO
Juan Crevillén, responsable de Sanidad en UGT-Murcia, lamenta que el ejecutivo autonómico favorezca a las empresas privadas por encima de las públicas, como muestra la reciente inauguración de un centro que supera ampliamente el número de plazas previstas.
Crevillén coincide con los familiares de usuarios de residencias y centros de día en calificar de mínimos los avances conseguidos, pero al menos constituyen un inicio. Y en ese sentido señala la relación numérica entre la cantidad de usuarios y profesionales, una ratio que habrá de mejorarse con el tiempo.
La pandemia de covid ha hecho visibles los defectos del trato a las personas mayores, dicen los sindicatos, y el gobierno de Murcia debería asumir que hay que cambiar. Se trata de aprender de la eficacia y humanidad de modelos de residencias más pequeñas. Por eso los representantes de los trabajadores no entienden que autonomías como Murcia no acaten acuerdos generales que se consideran beneficiosos.
EL ACUERDO SE IMPLANTARÁ PAULATINAMENTE HASTA 2030
La transición hacia un nuevo modelo residencial es lenta. Una vez que esté vigente el acuerdo no podrán abrirse centros de más de 75 plazas en zonas rurales, 90 en lugares de densidad intermedia y 120 -el máximo- en losa entornos urbanos. Hace apenas unos días era inaugurado en Murcia una residencia del grupo Emera con 171 plazas, y la empresa belga Confinimmo anuncia para finales de 2023 la inauguración de otra residencia, también en el municipio de Murcia, con 150 plazas.
La norma nueva indica además que el 65 % de las habitaciones deben ser individuales, y organizar a las personas en unidades de convivencia con un máximo de 15 usuarios. En cuanto a las plantillas, deben evolucionar durante los próximos años hacia una proporción de un profesional por cada dos residentes.
