El ministerio público pide la misma pena para el excomisario de Aguas, Manuel Aldeguer, e incluye a casi medio centenar de empresas agrícolas. No hay petición alguna para la expresidenta de la CHS, Charo Quesada
REDACCIÓN. Murcia
Un año y nueve meses de prisión solicita el fiscal para el exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá, y el que fuera excomisario de Aguas de la CHS, Manuel Aldeguer, en su escrito de calificación del caso Topillo por la contaminación del Mar Menor.
En un extenso escrito de conclusiones (todas las partes del proceso tienen que presentar los suyos) imputa a los citados varios delitos contra el medio ambiente. Varias figuras delictivas se atribuyen así mismo a casi medio centenar de empresas y sus representantes. Sin embargo sobre la también implicada en la causa, la expresidenta de la Confederacion, Charo Quesada, no hay petición alguna del ministerio público.
El escrito de acusación dice al referirse a los hechos que atribuye a Cerdá que este se limitó a establecer “una previsión formal” para evitar los vertidos, pero que realmente no hizo nada al no controlar el cumplimiento de los programas de actuación sobre el uso de abonos nitrogenados en las explotaciones agrícolas.
En cuanto al excomisario de Aguas y actual director general del Agua en la Generalitat valenciana, añade el fiscal, su responsabilidad reside en que, pese a que conocía la existencia de gran número de sondeos y desalobradoras en el Campo de Cartagena que no contaban con la autorización debida, no llevó a cabo una actuación inspectora sobre los sondeos.
Con respecto a los agricultores y empresas a los que acusa, el ministerio público reclama para ellos penas que van desde los cinco meses hasta los seis años de prisión, además de responsabilidades civiles que llegan hasta la cifra, en algún caso, de 1,4 millones de euros, por el daño producido en el medio ambiente.
El escrito de acusación recalca que el Mar Menor viene sufriendo desde hace años un deterioro creciente como consecuencia, principalmente, de los vertidos procedentes de las explotaciones agrícolas, pero, también, por la presión urbanizadora, el turismo y las aportaciones procedentes de las aguas subterráneas del Campo de Cartagena.
El documento añade que los vertidos de la agricultura han ido a un ritmo creciente debido al uso generalizado de abonos nitrogenados para la optimización de las cosechas, para señalar igualmente que, como el agua procedente del Trasvase Tajo-Segura fue insuficiente, se acudió a la realización de pozos para extraer recursos subterráneos.
El ministerio público recuerda que el Mar Menor cuenta con varias figuras de protección medioambiental, como las de Paisaje Protegido, Área de Interés Geológico y de Protección de Fauna Silvestre y Humedal de Importancia Internacional, además de estar incluido en la Red Natura 2000.
LA ACUSACIÓN PARTICULAR LO VE "TRANQUILIZADOR"
La acusación popular de caso Topillo considera "tranquilizadores" los términos y peticiones que se plantean en el escrito provisional de conclusiones que la Fiscalía del 'caso Topillo' ha notificado.
El abogado de Ecologistas en Acción, Ginés Ruiz Maciá, tras un primer análisis del texto explica que su propuesta irá en la misma línea que ha señalado el ministerio público. Recuerdan que aunque la vía penal no va a solucionar la crisis ambiental del Mar Menor, puede jugar un papel determinante.
Ruiz Maciá no descarta, en cualquier caso, "matizar o subir" alguna propuestas de penas. Reconoce que puede dar la impresión de que las penas planteadas para Antonio Cerdá y Manuel Aldeguer son bajas, pero recuerda que para los delitos que se les imputan la horquilla de cárcel oscina entre uno y 3 años.
La fiscalía pide el archivo las diligencias contra la que fuera presidenta de la Confederación Hidrográfica del Segura, Charo Quesada, algo que no descarta pedir también la acusación popular. A Ruiz Maciá le parece lógico.
