Se trata del jefe de servicio del centro penitenciario. Otros cuatro detenidos han quedado en libertad, así como el ya exdirector general de Carreteras, José Antonio Fernández Lladó, que compareció como investigado
REDACCIÓN. Murcia
Ingresa en prisión el jefe de servicio de la cárcel de Sangonera la Verde, presunto cabecilla del caso de supuesta corrupción en ese centro penitenciario.
Así lo acordó, la pasada madrugada, el titular del juzgado de Instrucción número 4, en funciones de guardia. Los otros dos detenidos que declararon a última hora quedaron en libertad.
El jefe de servicio de la cárcel reconoció en el juzgado de guardia al declarar como investigado que recibió alrededor de 190.000 euros de los familiares de dos internos. Así se recoge en su declaración, a la que ha tenido acceso Efe, en la que se indica que este funcionario, J.M.S.L., aunque admitió esas entregas de dinero, añadió que no lo hizo como trato de favor hacia los presos, sino que eran préstamos con obligación de devolverlos, lo que no ha hecho aún.
El auto en el que se ordenó su ingreso en la cárcel señala que las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, iniciadas cuando la fiscalía recibió una denuncia anónima que hablaba de la existencia de una “mafia” en la prisión de Sangonera, han permitido conocer que recibió en sus cuentas bancarias numerosos ingresos que no ha podido justificar. En una de esas cuentas se realizaron 24 operaciones por importe distinto, el mayor de ellos, por más de 12.000 euros, una transferencia efectuada por el investigado, y en la que tiene en otra entidad de ahorro, siete, lo que hace sospechar que tenía otras fuentes de ingresos distinta a la de funcionario.
Por la mañana, el juez había ordenado la libertad de un cuarto y un quinto detenido y compareció el sexto investigado, el ya exdirector general de carreteras, José Antonio Fernández Lladó, que fue cesado de forma inmediata.
Todos ellos están investigados en un procedimiento abierto por los delitos de cohecho, tráfico de drogas, estafa, frustración de ejecución, fraude a la Administración, falsedad documental y pertenencia a organización o grupo criminal. Aún falta individualizar la responsabilidad de cada uno en los hechos objeto de investigación.
El caso se conoció a través de la denuncia presentada en la Fiscalía por un interno de la cárcel, en la que éste aseguraba que un funcionario de prisiones habría pedido dinero a cambio de beneficios. En concreto, la investigación indaga en la introducción de droga, teléfonos móviles, comida y otros objetos prohibidos en el Reglamento Penitenciario, lo que se llevaba a cabo a cambio del cobro de dinero que la supuesta trama captaba de los presos interesados en estos beneficios.
