Las ayudas forman parte de un paquete global de hasta 35 millones de euros que incluyen la supresión de las tasas autonómicas para la agricultura, transporte y estaciones de servicio
REDACCIÓN. Murcia
Además de los fallecidos y los millones de desplazados, la guerra en Ucrania está teniendo unas muy negativas consecuencias económicas. Para intentar paliarlas el Gobierno regional ha aprobado un paquete de medidas que incluye créditos y ayudas por valor de 35 millones millones de euros para los sectores más afectados. Además, se suprimen, mientras dure el conflicto, las tasas autonómicas para agricultura, transporte y estaciones de servicio, y se bonifican los impuestos de transmisiones, sucesiones y donaciones de fincas rústicas.
El Decreto ley de medidas urgentes, económicas y fiscales presentadas por el Ejecutivo autonómico está dividido en varias líneas. Una es la denominada "Financia Ucrania" para ayudar a todas las empresas que incrementen sus gastos por tener que recurrir a proveedores alternativos de trigo, cebada, maíz, o aceite en otros países principalmente de Latinoamérica según la consejera portavoz, Valle Miguélez.
Los consejeros Valle Miguélez y Luis Alberto Marín en la presentación de las ayudas. CARM
En cuanto a las líneas de ayuda directa a empresas y familias, 12 millones serán para créditos y avales a empresas del sector agroalimentario que podrán recibir hasta 50.000 euros.
Miguélez ha detallado que otros 8 millones en créditos están destinados específicamente al sector de las gasolineras para hacer frente a las tensiones de tesorería que genera el pago de las bonificaciones de 20 céntimos por litro de carburante aprobadas por el Gobierno central. El Ejecutivo calcula que unas 280 empresas y autónomos podrán beneficiarse de la medida.
Las empresas de transporte público recibirán dos millones de euros en ayudas para compensar las subidas de los precios de los carburantes, y el Ejecutivo regional se ha comprometido a mantener las tarifas para los viajeros y se refuerzan las ayudas al alquiler. Destaca Valle Miguélez que el paquete incluye asimismo un programa de apoyo a la ciberseguridad y un apoyo a los refugiados ucranianos.
ELIMINACIÓN DE TASAS AUTONÓMICAS
Pero, además de las ayudas directas y los créditos, el Gobierno regional quiere actuar también en los impuestos aunque, dice el consejero de Hacienda, el margen que tiene es muy reducido. Pese a ello, Luis Alberto Marín anuncia la eliminación, mientras dure la guerra en Ucrania, de todas las tasas autonómicas para agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas.
Habrá también bonificaciones "casi totales", ha dicho Marín, para el sector agrario en los impuestos de transmisiones, sucesiones y donaciones de fincas rústicas. Las estimaciones es que pueden beneficiar a 250 profesionales por año con un ahorro medio millón de euros.
PETICIÓN DE MEDIDAS CONTUNDENTES AL GOBIERNO CENTRAL Y LAS INSTITUCIONES EUROPEAS
El plan de choque incluye peticiones al Gobierno central y a las instituciones europeas ya que, sostiene el Ejecutivo murciano, sin que ambas instancias tomen medidas contundentes, las actuaciones regionales por sí solas no podrán salvar la situación. Entre las solicitudes aparecen las de modificar el sistema de fijación precios de la electricidad, impulsar acciones para hacer de España un 'hub' eléctrico; reducir las cotizaciones de empresas y autónomos afectados por la inflación; ampliar los avales para la adquisición de vivienda; eliminar los peajes; crear corredores seguros de suministros y agilizar el tráfico marítimo.
Reunión del Consejo de Gobierno en el que se han aprobado las ayudas. CARM
REACCIÓN DE LA PATRONAL A LAS MEDIDAS
Esta es la letra del Decreto aprobado hoy pero ahora vamos a intentar desmenuzar el documento y ver cómo inciden de verdad esas medidas en los sectores implicados. La primera reacción es la del presidente de la patronal, la CROEM, José María Albarracín que ve las medidas muy positivas aunque cree que aún se puede "ir más allá". Cita, en concreto, la reducción del IRPF y la apertura de nuevas líneas de crédito con la Sociedad de Garantía Recíproca.
REACCIONES DE LOS SECTORES A LOS QUE VAN DIRIGIDAS LAS AYUDAS
Entre los sectores a los que va dirigido el plan del Gobierno regional no hay grandes muestras de entusiasmo: agricultores y transportistas coinciden en que las ayudas no pasarán de tener un valor simbólico. Sólo los propietarios de estaciones de servicio se muestran plenamente satisfechos, aunque aclaran que los ocho millones de euros de la línea de crédito sólo servirán como préstamo puente hasta que el Gobierno central compense íntegramente el descuento de 20 céntimos en el precio del litro de combustible.
Lo explica el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio, José Baños: fueron ellos los que propusieron a la Consejería de Hacienda esta línea de créditos que aportará algo de liquidez al sector. Pero son préstamos que habrá que devolver antes de fin de año y que tendrán un pequeño coste financiero para los propios empresarios.
La exención de tasas para los agricultores tendrá, en opinión de COAG, un escaso impacto sobre la situación del sector, al que le hacen falta medidas de mucho más calado que dependen de la administración central pero, sobre todo, de las reformas que pueda aprobar en la política agraria la Comisión Europea. El secretario general de COAG, José Miguel Marín, entiende que la situación económica de la Administración Regional no permite actuaciones más ambiciosas; pero cree que el esfuerzo podía haberse concentrado en otro tipo de medidas, por ejemplo en mejorar las aportaciones al seguro agrario. Eso garantizaría al menos que el dinero público iría a parar a quienes más daños han sufrido, objetivo que no se consigue con una eliminación general de tasas.
Algo parecido opinan los transportistas: el secretario general de la patronal FROET, Manuel Pérezcarro, cree que las ayudas aprobadas hoy no pasan de tener un valor simbólico. Si el sistema sólo va a estar vigente durante tres meses, solo beneficiará mínimamente a un pequeño puñado de empresas, aquellas que tengan la suerte de que les toque renovar autorizaciones o pasar la ITV justo en este periodo.
REACCIONES DE LOS PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS
Pero el Decreto ley para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania también ha recibido el análisis de los partidos políticos. El PSOE denuncia que el paquete llega tarde y mal y considera que las iniciativos que incluye son decepcionantes y poco ambiciosas. Su viceportavoz en la Asamblea Regional, Alfonso Martínez Baños, reclama la comparecencia del presidente de la comunidad para que explique por qué va a adoptar medidas insuficientes como las ayudas al alquiler con fondos del gobierno central.
Podemos acusa al Gobierno regional de sacar pecho con medidas que "sólo sirven para mantener las apariencias" mientras abandona a los transportistas, taxistas, agricultores y ganaderos. La diputada María Marín exige a Fernando López Miras un plan con ayudas directas para los sectores afectados por la crisis del precio de la energía.
DIRECTORES Y GERENTES EN SERVICIOS SOCIALES PIDEN EL INGRESO MÍNIMO VITAL PARA LOS REFUGIADOS QUE HUYEN DE UCRANIA
Añadir a todo esto que la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales pide al Ministerio de Inclusión que beneficie con el Ingreso Mínimo Vital a todos los refugiados que obtengan la protección temporal, tal y como está sucediendo con los ucranianos que huyen del conflicto bélico. Esta medida abarca ayudas de entre 170 y 480 euros por familia. El presidente de esta organización, José Manuel Ramírez, cree que habría que adaptar su concesión a las actuales circunstancias internacionales.
Ramírez pide a los dirigentes que dejen las fanfarrias solidarias y gobiernen a golpe de Boletín Oficial del Estado.
El caso es que en España sólo se conceden una de cada cuatro solicitudes de ingreso mínimo vital y únicamente el 12% de la población que se encuentra bajo el umbral de la pobreza se beneficia de esta prestación. En la Región de Murcia es el 13,25% o lo que es lo mismo 41.000 personas. Actualmente el Ingreso alcanza al 46% de las personas beneficiarias previstas en todo el país, y todavía quedan más de 1.200.000 por incorporar para llegar al objetivo de las 2.300.000 personas previstos.
