El consejero de Agricultura, Antonio Luengo, comparece a petición propia para explicar el informe anual sobre el grado de ejecución de las medidas previstas en la Ley de recuperación y protección del Mar Menor
REDACCIÓN. Cartagena
El consejero Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha afirmado en la Asamblea Regional que no actuó contra las empresas con regadío ilegal en el campo de Cartagena, como ahora le obliga la justicia, "para evitar una denuncia por prevaricación". Luengo comparece hoy de forma voluntaria para dar cuenta de la aplicación de la ley que protege el Mar Menor.
La oposición ha pedido su dimisión por este asunto pero el consejero ha dicho que tenía motivos para no actuar. Y es que había un informe contrario que se lo impedía. y que hubiera terminado en una denuncia más contra el propio Luengo.
El PSOE y el grupo Mixto han pedido la dimision de Luengo por la sentencia del TSJ que ordena a la Comunidad que expediente a 8 empresas agrícolas por vertidos al Mar Menor.
El propio Luengo ha reconocido que existen “dos realidades distintas” en la Cámara, una que “ha aportado ideas, ha sido exigente y ha reconocido las acciones que se han puesto en marcha”, y otra que “no quiere trabajar ni escuchar”.
En cuanto al grado de ejecución de la Ley, el consejero ha destacado el “trabajo permanente y continuo” del Gobierno regional aplicando medidas “en origen” y también de protección. Entre ellas, ha detallado que se han realizado 706 inspecciones agrícolas y 42 ganaderas, así como que se ha iniciado el cien por cien de los expedientes remitidos por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para la restitución de 3.809 hectáreas.
También se han retirado 9.500 toneladas de biomasa, se han instalado mil sondas de humedad en el Campo de Cartagena dentro de las acciones de fomento de agricultura de alta precisión, siete tanques ambientales para captar las aguas de lluvia proveniente de las zonas residenciales, un tanque de tormenta en la depuradora de Torre Pacheco, además de los colectores pluviales de San Javier y Los Alcázares.
Luengo ha avanzado que en las próximas semanas comenzará a ejecutarse el proyecto de construcción de biorreactores en el entorno de la rambla del Albujón, y ha subrayado la importancia de esta actuación remitiéndose a una de las conclusiones del Comité de Seguimiento del Mar Menor constituido ayer, sobre la existencia de “una correlación inequívoca entre las entradas masivas de agua dulce cargadas de nitratos y los episodios de turbidez”.
En este punto, el consejero ha abogado por la puesta en marcha del protocolo de colaboración entre Comunidad Autónoma y Estado sobre el “vertido cero”. Luengo ha recalcado de las competencias para que cesen los vertidos por la rambla del Albujón son del Gobierno central, por lo que le ha instado a que “actúe ya” para ponerles fin.
Por su parte, el diputado socialista, Manuel Sevilla, ha recordado que la Ley de Mar Menor es una norma regional, cuyas competencias recaen en el Gobierno autonómico, y ha advertido que el PSOE “no va a ser cómplice de un gobierno que no está cumpliendo una Ley que ustedes mismos votaron”.
Sevilla ha señalado que Pedro Sánchez “lleva gobernando menos tiempo que la Ley está en vigor” al tiempo que ha acusado al PP de “ecocidio” del Mar Menor durante todos los 27 años que ha estado al frente de Ejecutivo de la Región de Murcia.
La diputada de Podemos, María Marín, ha reprochado a Luengo el retraso de más de seis meses para presentar el informe, que ha resumido en “una frase muy típica del PP” compuesta por cuatro palabras: “estamos trabajando en ello”.
Marín ha pedido la dimisión del consejero, a quien ha acusado de “encubrir y proteger a los asesinos del Mar Menor”. “Va a pasar a la historia como el enterrador del Mar Menor. Espero que por lo menos le estén pagando bien por un trabajo tan despreciable”, ha añadido la parlamentaria del gripo Mixto.
También por el grupo Mixto la diputada de Cs, Ana Martínez Vidal, ha afirmado que “la mejor Ley del Mar Menor es la que se cumple”, y ha criticado la “estrategia del PP de aparentar que hacen algo después del varapalo del Tribunal Superior de Justicia” utilizando “la táctica de echar la pelota en el tejado de otros”.
Martínez Vidal ha reprochado al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, que se dedicara ayer a “contraprogramar” la acción ciudadana que llevó al Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular (ILP) para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor. “Tendría que haber estado en Madrid y no inventándose un nuevo comité del Mar Menor”, ha apostillado.
Precisamente, la ILP presentada ayer en la Cámara baja ha sido el argumento para que el portavoz del grupo parlamentario Vox, Juan José Liarte, haya pedido al PP que rectifique su apoyo a esta iniciativa popular. “Estoy seguro que el PP no está de acuerdo con esta aberración política que nos obliga a revisar nuestro ordenamiento jurídico”, ha asegurado.
Al respecto, ha insistido en que los populares “se desdigan de lo dicho” para “evitar entregar la propiedad del Mar Menor a la peor izquierda posible, y no me refiero al PSOE; sino a la izquierda innominada sociológica, a la que nadie ha votado y está basada en un entramado de clientelismo”, añadiendo que “eso se llama derogar la democracia y poner el poder político en manos de un grupo de personas a las que no ha elegido nadie”, como Greenpeace.
El diputado del grupo parlamentario Ciudadanos (Liberales), Francisco Álvarez, ha requerido al Gobierno de España a que “deje de esconderse detrás del Gobierno regional y acabe con las 8.500 hectáreas de regadío ilegal en el Campo de Cartagena”, y ha abogado por “superar las diferencias políticas” para lograr la mejora efectiva del Mar Menor.
Desde las filas del PP, el diputado Jesús Cano ha cifrado en “1.352 días los que lleva perdidos el Mar Menor” coincidiendo con el tiempo que lleva Pedro Sánchez al frente del Gobierno central, que se ha caracterizado por “cero actuaciones, y cero euros” ejecutados, lo que ha tachado de “inmoral” por tratarse de “una gran crisis ambiental”.
