El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha hecho público los datos correspondientes al segundo trimestre del año, periodo en el que los juzgados de la Región recibieron un 33,3% más de denuncias
Los juzgados de violencia sobre la mujer de la Región de Murcia recibieron en el segundo trimestre del año un total de 2.180 denuncias, un 33,3 % más que el mismo periodo de 2021.
Así lo refleja el Informe anual sobre violencia de género hecho público hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género pone de manifiesto que, durante los meses de abril a junio, los órganos judiciales especializados en la Comunidad Autónoma dictaron 329 órdenes de protección, el 76% de las solicitadas y un 9,7 % más que en el mismo periodo de 2021.
En el conjunto del país, las mujeres víctimas de violencia machista ascendieron a 44.543, un 10,89 % más que el mismo periodo de 2021. Lo que se traduce en un aumento de la tasa de mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres que ha pasado de 16,6 en el segundo trimestre de 2021 a 18,4 (1,8 puntos más) para toda España.
Por encima de la media nacional se situaron Murcia (28,5), Baleares (27,6), Comunidad Valenciana (24,2), Canarias (21,5), Andalucía (21,3) y Madrid (19,6). Por debajo de la tasa nacional, Cantabria (17,4), Extremadura (16,4), Castilla-La Mancha (15,6), Navarra (14,9), Asturias (14,7), Aragón (14,6), Cataluña (14,4), La Rioja (14), País Vasco y Galicia (13) y Castilla y León (11,6).
El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha lamentado estos datos tan dramáticos de violencia hacia la mujer, y ha pedido el "compromiso de toda la sociedad" para apoyar a la víctimas y acabar con estos casos. "Que las víctimas se sientan con el respaldo suficiente para denunciar, para que los maltratadores sepan que van a tener a toda la Región y a sus representantes persiguiéndolos y buscándolos; y en tercer lugar que se sepa que se van a articular las medidas y ayudas necesarias para que las mujeres y las familias que son víctimas de esta situación tengan ayuda", ha señalado.
La directora general de Familias de la consejería de Política Social, Silvia Muñoz, cree que el dato responde a una mayor confianza en el sistema judicial.
Pero esa esa una lectura que no comparte la titular del Juzgado número 1 de Violencia sobre la Mujer, Virginia Bombín. Es posible, dice, que haya más víctimas que se estén atreviendo a denunciar su situación, pero eso no basta para explicar lo que está ocurriendo. En Murcia estamos asistiendo a un aumento de los comportamientos violentos:
Las cifras, dice Bombín, son muy alarmantes y la demostración de que estamos fallando como sociedad a la hora de frenar este fenómeno. Ni las leyes ni los esfuerzos de las instituciones están sirviendo para frenar la violencia.
Ya han escuchado que la magistrada reclama un análisis sociológico para interpretar las causas profundas de esta tendencia que no conseguimos revertir. Pero también pide medidas muy concretas, empezando por más recursos para que las víctimas que denuncian reciban apoyo inmediato, para que el respaldo económico, social y psicológico que necesitan no llegue con semanas o meses de retraso como ahora ocurre.
No hay que perder de vista que los juzgados de la región emitieron más de 300 órdenes de protección solo durante el segundo trimestre del año, y eso exige profesionales y dinero para hacerlo efectivo. O que las suspensiones de la guardia y custodia y del régimen de visitas aumentó un 40%, y de nuevo aquí hacen falta más recursos. Es positivo que el 76% de las denuncias las hayan presentado las propias víctimas. Pero a Virginia Bombín le resulta preocupante que sólo un 2% vengan del entorno familiar. Eso significa que hay demasiada gente que no ve, o no quiere ver, los indicios de un maltrato:
Y todo esto, concluye la juez Virginia Bombín, sin perder de vista el trabajo con los más pequeños. Hay muchos ciudadanos comprometidos, pero necesitamos que todavía sean más y para eso es imprescindible hacer un mayor esfuerzo educativo.
Las 1.664 denuncias presentadas directamente por las víctimas en la Región suponen el 76 % de las registradas, mientras que las 33 presentadas por los familiares apenas alcanzan un 2 %. Las denuncias por intervención directa de las Fuerzas de Seguridad del Estado representaron el 16 % del total y, el resto, el 6 % fueron incoadas a instancias de los servicios asistenciales y terceros en general.
En el periodo analizado, 110 mujeres víctimas de violencia de género se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar, lo que representa el 5 % del total de víctimas del trimestre. Se trata del porcentaje de dispensas más bajo registrado por el Observatorio y se produce tras la reforma del art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada el año pasado. Del total de mujeres que se acogieron a la dispensa en los juzgados de la Región, 70 eran españolas y 40 eran de otras nacionalidades.
Los juzgados regionales con competencia en violencia sobre la mujer acordaron también un total de 988 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). Las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (283) y la prohibición de comunicación (309).
Por otra parte, se dictaron 416 medidas civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores mientras se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (117) y las relacionadas con la atribución de la vivienda (84).
Un trimestre más, el aumento más significativo se ha dado en la suspensión del régimen de visitas, de 47 a 115, lo que ha supuesto un aumento del 40,8 % y de la guardia y custodia, que ha pasado de 21 casos a 52 en 2022 (un 40,3% más).
Este incremento es consecuencia de la aplicación por los jueces y juezas de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que modificó el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estableciendo la suspensión del régimen de visitas “cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y existieran indicios fundados de que los hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido” con la violencia de género.
En el segundo trimestre de 2022, el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales murcianos (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y sección tercera de la Audiencia Provincial) en procesos relativos a violencia de género se situó en el 85 %.
Para la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, los datos muestran que la violencia de género se mantiene como "un problema de primer orden" ya que son más altos que los registrados antes de la pandemia (40.687 víctimas en el último trimestre de 2019 y 36.185 en el primer trimestre de 2020).
Pero también señala que el aumento de las denuncias y de las víctimas es consecuencia de que son cada vez más las mujeres "que alzan la voz" cuando sufren violencia machista y deciden denunciar.
Además, sostiene que las cifras del informe "prueban de forma clara que en España las distintas administraciones implicadas en la lucha contra la violencia machista trabajan en la dirección correcta".
Respecto a las víctimas que se acogieron a su derecho a no declarar contra su agresor -una dispensa que según la legislación tienen los familiares- fueron 4.167 (el 9,36 %), cifra que supone un mínimo histórico, según el CGPJ.
En el mismo periodo de 2021 las mujeres que se negaron a prestar declaración sumaron 4.231 (el 10,53 %), una tendencia a la baja por segundo año consecutivo tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada el año pasado.
