Los ministros de Energía de la UE han logrado un acuerdo para llevar a cabo un plan que reduce el consumo de gas este invierno ante la posibilidad de que Rusia corte el suministro
En Bruselas, los ministros de Energía han alcanzado un acuerdo sobre el plan para ahorrar gas de cara al invierno ante los recorte de los envíos de Rusia. Así lo ha anunciado la presidencia checa en redes sociales y aunque no se conocen muchos detalles, se sabe que cada país podrá decidir si recomienda u obliga a sus ciudadanos a racionar la energía o que las reducciones del porcentaje de rebaja del consumo del 15% podrán aplicarse gradualmente en función de la disponibilidad que se tenga para apoyar a otros Estados miembros, como sí le ocurre a España. De hecho esa bajada del consumo podría quedarse en el 7,5%.
La ministra Ribera ya venía defendiendo que nuestro país tiene una posición estratégica que le permite convertirse en un punto estratégico de envío y almacenamiento de gas ya que las infraestructuras existentes permiten enviar hasta 7.000 millones de metros cúbicos de gas hacia el centro de Europa, lo que supone el 13 % del suministro que necesita el resto de los países para llenar sus reservas. Además la ministra de Transición Ecológica ya admitía que los españoles deberán ahorrar.
Además, el acuerdo de los Veintisiete establece que serán los países de la UE los que tendrán la responsabilidad de activar el estado de "alerta" en la Unión a través del Consejo para que se active la obligatoriedad de la reducción de consumo de gas, a diferencia de la propuesta inicial de Bruselas.
"La adopción de la propuesta de reducción de gas en un tiempo récord ha fortalecido nuestra seguridad energética", ha indicado el ministro de Industria y Comercio de la República Checa y presidencia de turno, Jozef Síkela, que ha añadido que el ahorro de gas ahora mejorará la preparación de la UE.
El acuerdo político, al que sólo Hungría se ha opuesto, plantea reducir la demanda de gas un 15% entre el 1 de agosto del presente ejercicio y el 31 de marzo del próximo año, respecto a la media de consumo de los últimos cinco años aunque cada país escogerá qué medidas que implementará.
Así, contempla excepciones específicas para algunos Estados miembro considerando factores como la interconexión de un país respecto a otras redes gasísticas en la UE, la sincronización con la red de distribución eléctrica europea, su capacidad de exportación o sus niveles de almacenamiento.
En base a ello, podrán solicitar una excepción aquellos países de la UE que cuenten con una baja interconexión con otros Estados miembro y puedan demostrar que su capacidad de exportación por interconexión o a través de terminales de gas natural licuado se puede utilizar para redirigir el consumo de gas a otros Estados miembro. El caso en el que presuntamente se inscribiría España.
Además, podrán acogerse a estas excepciones los Estados miembro que no estén interconectados a la red de gas de otros países de la UE, ya que su reducción del consumo no podría contribuir al suministro de los países que lo necesiten. Un escenario en el que se enmarcarían Malta o Irlanda.
La lista de exenciones los países de la UE incluye también a aquellos Estados miembro cuya red de distribución de electricidad no esté sincronizada con la europea, como es el caso de los países Bálticos, todavía conectados a Rusia, o aquellos que todavía sean muy dependientes de gas para la producción de electricidad.
Por último, los países que hayan superado sus objetivos de almacenamiento de gas, cuyas industrias críticas dependan del gas como materia prima y su consumo ha aumentado al menos un 8% en el último año en comparación con la media de los cinco años anteriores podrán solicitar excepciones.
La Comisión Europea presentará una propuesta para declarar el estado de "alerta" en caso de "riesgo sustancial" de escasez de gas y tendrá que contar con el apoyo de cinco Estados miembro que hayan declarado la alerta a nivel nacional.
Las medidas de reducción de la demanda que adopten los Estados miembro deberán priorizar que no afecten a los clientes protegidos, como los hogares y los servicios esenciales, a las entidades críticas, a la atención médica y la defensa.
