Así lo ha decidido la Comisión de Desembalse de la CHS, que advierte a los regantes tradicionales que la cifra podría revisarse a la baja si no llueve en los dos próximos meses
Los embalses de la cuenca del Segura liberarán de aquí al próximo 30 de septiembre 347 hectómetros cúbicos según ha decidido este viernes la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica que, no obstante, advierte ya de que ese volumen podría revisarse a la baja si las lluvias de los dos próximos meses no impiden que entremos de lleno en situación de sequía. En esa línea de prudencia, Confederación ha recomendado que se limiten las explotaciones hortícolas en los regadíos tradicionales.
El presidente de Confederación, Mario Urrea, recuerda que la cuenca ya está en prealerta y que podría entrar en situación de sequía a partir de enero si no llueve lo suficiente en estos dos próximos meses. En ese caso, explica, el desembalse aprobado tendrá que ser revisado a la baja.
Prudencia es la palabra clave. Por eso Confederación le ha pedido a los regantes tradicionales que hagan una planificación conservadora de sus explotaciones: que concentren el uso de caudales en atender las necesidades del arbolado y que no se aventuren en exceso con el cultivo de hortalizas.
Hay otro factor a tener en cuenta: las altas temperaturas que se han registrado en octubre están provocando un consumo de agua superior al habitual. En sólo un mes, las estimaciones que se hicieron a comienzos del año hidrológico (el 30 de septiembre) se han desviado de manera apreciable, y se ha consumido casi un 50 por ciento más de agua de lo que estaba previsto.
Por otra parte, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región reclama incluir la doble tarificación eléctrica para los regadíos en la Ley de la PAC. Los costes energéticos en el sector agrícola se han triplicado respecto al año pasado debido al alza del precio de la luz.
UPA advierte que las explotaciones de regadío están dejando de ser rentables. Su secretario Marcos Alarcón recuerda que la organización lleva años reclamando una doble tarificación que diferencie la campaña de riego, normalmente de abril a septiembre cuando se hace un un uso más intensivo de la potencia eléctrica, de los meses en los que no se riega. Alarcón recuerda que esta reivindicación se ha plasmado en tres leyes diferentes y exige voluntad política para aplicarla aprovechando la tramitación de los reglamentos de la PAC.
UPA ha propuesto también establecer un IVA superreducido del 5% para las comunidades de regantes que, al ser corporaciones de derecho público, no pueden desgravarse de este impuesto y tampoco facturarlo a los comuneros
