Así lo han confirmado los presidentes autonómicos de Murcia y Valencia, Fernando López Miras y Carlos Mazón, en un acto en el Casino de Murcia por el 45º aniversario del Tajo-Segura
El trasvase Tajo-Segura cumple 45 años con una reforma de sus reglas de explotación en liza. Cambios cuyo sentido y alcance hacen desconfiar a los usuarios del acueducto y a los gobiernos de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia. En torno a estos cambios han girado las intervenciones de los responsables que han participado en Murcia en el acto institucional de conmemoración del trasvase, entre ellos, los presidentes autonómicos del PP, Carlos Mazón y Fernando López Miras.
Ambos han confirmado que las comunidades autónomas de Andalucía, Madrid, Murcia y Valencia han presentado este martes por la mañana ante la Junta de Explotación del Trasvase Tajo-Segura alegaciones de manera conjunta ante la próxima modificación de sus reglas de explotación.
El anuncio se ha hecho en el casino de Murcia durante el acto de celebración del 45 aniversario del trasvase ante medio millar de representantes del mundo agrario del levante español, advirtiendo ambos dirigentes que prácticamente la mitad de los españoles, más de 23 millones de españoles, pedimos que se mantenga esta infraestructura.
La última modificación en las reglas de explotación del trasvase data del año 2021 y ya supuso una merma en la posibilidad de desembalses. La gestión que ahora se está haciendo de los nuevos cambios hace desconfiar al presidente del Sindicato Central del Tajo-Segura, Lucas Jiménez. Jiménez ha encargado a sus técnicos nuevos escenarios ante la posibilidad de que se traten de introducir restricciones adicionales en las reglas de explotación.
Los presidentes de Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia se han felicitado por el hecho de que Madrid se haya sumado a sus territorios y a Andalucía en la presentación conjunta de alegaciones. Mazón y López Miras ha advertido de que las reglas siempre se han regido por criterios técnicos y que no deben ahora ser criterios políticos alentados desde Castilla-La Mancha los que primen en ese cambio que rige los envíos de agua desde la cabecera del río Tajo hacia el levante.
Por su parte Lucas Jiménez ha acusado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page de abrir una campaña y achuchar al Ministerio para la Transición Ecológica para aprobar la modificación de las reglas de explotación a su conveniencia.
El Gobierno murciano defiende que los caudales ecológicos en el plan de cuenca del Tajo se fijaron sin criterio científico, y así se detalló en la demanda que presentó en el Tribunal Supremo. Por eso ahora se reclama que en esta revisión se tengan en cuenta criterios objetivos.
El documento con las alegaciones presentado ante el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico también expone que en ninguna de las cinco sentencias del Tribunal Supremo, incluidas en la información publicada por el Ministerio para la modificación de las reglas, se determina el caudal concreto que se debe fijar. Por ello deberían quedar fuera de los argumentos para esta actualización.
Además, en las alegaciones pactadas por las cuatro comunidades también se explica que cuando los embalses de la cabecera del Tajo se encuentren en Nivel 3, la toma de decisiones sobre los trasvases a autorizar tiene que estar basada en criterios objetivos. Por ello, se pide incorporar el procedimiento denominado ‘regla del tercio’, en el que se tienen en cuenta los recursos disponibles en ese momento y la previsión de los dos siguientes meses.
El plazo para presentar las alegaciones a la revisión de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura finalizaba el próximo 2 de mayo, pero el Gobierno regional de Murcia las ha enviado esta mañana, y su propuesta ha sido refrendada también por los ejecutivos autonómicos de Andalucía, Madrid y Valencia.
