Se manifiestan en Madrid para denunciar lo que consideran ha sido una vulneración de los derechos humanos. En la Región, la vicepresidenta Isabel Franco niega este hecho pero sí considera que hay que modernizarlas
Las organizaciones de familiares y usuarios de residencias para personas mayores y personas con discapacidad de toda España se manifiestan este sábado en Madrid, a las seis de la tarde para denunciar que en estos centros, aseguran, se están vulnerando los derechos humanos además de los derechos laborales de las trabajadoras. Desde esta plataforma denuncian que durante la pandemia 35.000 personas fallecieron en las residencias a causa del COVID y lamentan que la justicia no haya intervenido para investigar lo sucedido. En la Región, el Gobierno Regional niega esta vulneración de los derechos de los usuarios pero sí confía en una actualización del decreto de mínimos.
En septiembre las comunidades autónomas deben elaborar las normativas que regirán estos centros y desde esta plataforma estatal temen que se perpetúe el actual modelo en el que aseguran el personal es insuficiente, la alimentación es escasa y de pobre valor nutricional, según Paulino Campos portavoz de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarios de Residencias.
Esta plataforma asegura que el Acuerdo sobre criterios comunes al que llegó el Estado con las Comunidades Autónomas no garantiza un cambio en el modelo ya que gran parte de las exigencias de los familiares no se han tomado en consideración, como la ratio de 1 trabajador por cada 4 residentes por el día y cada 10 residentes por la noche, refuerzo en el número de inspectores o la obligación por parte de las Comunidades autónomas de planes de creación de residencias públicas que combatan la privatización del sector.
En la Región hay cinco residencias de mayores públicas en las que viven casi cuatro mil usuarias. Desde el Gobierno Regional, la vicepresidenta Isabel Franco niega que se estén violando los derechos de los usuarios de estas residencias, pero sí está de acuerdo en modernizar el decreto de mínimos y adaptarlo a las necesidades de los usuarios.
