Se quejan de que el ministerio se niega a negociar con ellos una serie de mejoras ya pactadas y muestran su preocupación por la futura Ley de Eficiencia Organizativa del sector judicial que limitaría sus derechos
En su opinión esa nueva ley, que se está tramitando con agilidad por lo que podría estar aprobada a finales de enero o en febrero, incluye una serie de medidas que atentan contra los derechos de los trabajadores. Por ejemplo en lo relativo a los concursos de traslados. No todos los servicios de justicia son iguales ni en todos se gana lo mismo. Hasta ahora era la antigüedad de los empleados lo que primaba a la hora de elegir un destino u otro. Con la nueva ley, serán los coordinadores los que decidan estos destinos, según explicaba Federico Maret de UGT
Pero hay más. La nueva ley abre la puerta a la posibilidad de que un funcionario desarrolle varios tipos de trabajos a la vez. Para Flora Martínez, coordinadora de Justicia de CCOO, es la antesala a la amortización de muchos empleos.
Los sindicatos se quejan de que el ministerio que dirige Pilar Llop, sigue adelante con esta ley sin escuchar sus demandas ni tampoco aquellas que tienen que ver con la mejora de sus condiciones de trabajo, como son el desarrollo de la carrera profesional, reconocida desde 2018, pero sin avances importantes desde entonces, o las mejoras en la promoción interna, algo que requeriría hacer algunas modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero que el ministerio se niega a realizar. Por todo ello anuncian que, si en las próximas semanas no hay avances, irán a la huelga
