La ministra de Igualdad, Irene Montero, asegura que hay jueces que dictan sentencias machistas en la aplicación de las revisiones de condena a los acusados de abusos y agresiones sexuales
Prácticamente la magistratura al completo rechaza las declaraciones de la ministra Montero en las que ha acusado a los jueces de dictar sentencias machistas en la aplicación de las revisiones de condena a los acusados de abusos sexuales y de agresiones sexuales, revisión a la que obliga la ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la ley del 'sí es sí'.
En la línea de lo pronunciado por el Consejo General del Poder Judicial, la Asociación Profesional de la Magistratura considera que se trata de declaraciones que exceden la crítica y que son "intolerables" en los términos en los que se han planteado. El presidente de este colectivo en la Región es el magistrado Fernando Madrid.
Se puede interpretar lo que el legislador, en este caso el Gobierno, pretendía con esta ley, que, era incrementar las penas de prisión para todas las conductas sexuales sin consentimiento, pero otra cosa es el texto y asegura Madrid que, la ley no se puede interpretar, en ella se unifican las penas de los abusos y de la violación en un sólo tipo delictivo. Una contradicción de la que ya existía advertencia explica el magistrado.
El tipo básico de agresión que se recogía en la ley anterior al 'solo sí es sí' reduce el límite máximo de la pena, pasa de 1 a 5 años en la antigua normativa, a 1 a 4 años con la nueva legislación. Algo parecido, concluye Madrid, ocurrió en su día con la doctrina Parot que rebajaba la aplicación de las penas a determinados terroristas condenados en prisión.
Concha Roig miembro del secretariado de la Asociación Jueces para la Democracia, de corte progresista, dice que la declaraciones de Irene Montero son desafortunadas e injustas porque no reflejan la realidad.
A juicio de Roig, la ley no está mal, pero ha tenido unas consecuencias que no esperaban en el Ministerio, aunque los asesores legales debían haberlas contemplado, ante la ausencia de disposiciones transitorias. Es ese derecho transitorio el que obliga a revisar las condenas de gente que está privada de libertad y que en ocasiones, defiende la magistrada, puede ser muy efectiva para algunos condenados por conductas no tan graves que soportan penas muy importantes.
Recuerda la magistrada que contra estas revisiones a la baja cabe recurso de casación en el Supremo y que incluso las víctimas del agresor o abusador pueden recurrir a través del turno de oficio.
