El fiscal rebaja a dos años y medio la pena de cárcel que pide para el expresidente regional por el caso Auditorio de Puerto Lumbreras. Este martes ha dado comienzo el juicio en la Audiencia Provincial
SUSANA AZPARREN | REDACCIÓN
El expresidente de la Comunidad Pedro Antonio Sánchez ha negado que existiera un encargo directo al arquitecto Martín Lejarraga para llevar a cabo la construcción el auditorio de Puerto Lumbreras. Así lo ha indicado este martes a preguntas del Fiscal Anticorrupción Juan Pablo Lozano durante la primera sesión del juicio por el caso Auditorio, que se celebra en la Audiencia Provincial de Murcia, y en el que se pedía inicialmente una pena de cuatro años y medio de cárcel para Sánchez y el pago de una multa de seis millones de euros, al considerar la Fiscalía que habría cometido los delitos de prevaricación continuada, fraude en subvenciones y fraude y prevaricación durante la tramitación de la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de ese municipio.
"Él propuso un documento con esas ideas que creía que para Puerto Lumbreras podían ser buenas. Pero quiero aclarar que nunca hubo un encargo. Ni yo, ni que yo sepa nadie del equipo de gobierno le encargó al señor Lejarraga que hiciera un proyecto, que nos presentara ideas o un documento. Nunca hubo un contrato o un pago ni nada en esa relación de hechos que no existieron", ha afirmado Sánchez.
También ha negado que este proyecto se acogiera a un proyecto de subvenciones públicas, y ha asegurado que fue un convenio entre Comunidad Autónoma y el ayuntamiento como en otras ocasiones se realizaba para otras inversiones en infraestructuras. Sánchez ha asegurado además que, antes de que el ayuntamiento recibiera la subvención de la Comunidad de seis millones de euros en dos plazos, no había suelo para la construcción del Auditorio.
Antes de la declaración de Pedro Antonio Sánchez, el Ministerio Fiscal y las acusaciones del caso 'Auditorio' han retirado el delito de fraude de subvenciones porque "así lo establece la jurisprudencia" existente por parte del Tribunal Supremo. Al retirarlo, la pena que pide el Fiscal bajaría a dos años y medio de cárcel y, además, se retiraría la petición de la multa de seis millones de euros.
Así lo han hecho saber el Fiscal, Juan Pablo Lozano; el abogado de la acusación particular, José Miguel Muñoz; y la letrada de la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, María Cristina Chacón; durante esta primera sesión del juicio, que tiene lugar en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia bajo la presidencia del magistrado Juan del Olmo.
En concreto, el Fiscal ha retirado el delito de fraude de subvenciones "con arreglo a la interpretación de una sentencia". "Son cuestiones de estricta legalidad por los que la Fiscalía debe velar y no meramente valorativas", ha aseverado.
Por su parte, el abogado de Pedro Antonio Sánchez, José Antonio Choclán, ha pedido también la prescripción del delito de prevaricación continuada.
Sobre las 9:30 horas de la mañana llegaba a la Audiencia Provincial de Murcia el expresidente de la Comunidad y exalcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, que desde este martes se enfrenta al juicio por su presunta vinculación en el caso Auditorio. Sánchez no ha realizado declaraciones a los medios que esperaban a las puertas de la Audiencia.
El exalcalde de Puerto Lumbreras Pedro Antonio Sánchez llega a la Audiencia Provincial en #Murcia donde esta mañana comienza el juicio por el #CasoAuditorio
— Onda Regional (@ORMurcia) September 27, 2022
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El juicio se retomará el próximo lunes 3 de octubre. Hasta el 21 de octubre pasarán por la sala de vistas más de cuarenta testigos, entre ellos, dos guardias civiles, mientras que las tres últimas sesiones, fijadas para los días 22, 28 y 29 de noviembre, estarán reservadas, las dos primeras, a las pruebas periciales, y la última, a las conclusiones e informes.
A lo largo de la vista oral se tratará de esclarecer si el entonces alcalde de Puerto Lumbreras pudo cometer, presuntamente, los delitos de prevaricación, fraude y fraude de subvenciones, por los que el fiscal reclama cuatro años y medio de prisión, multa de seis millones de euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 19 años.
Para el arquitecto, Martín Lejárraga, que figura como cooperador necesario en esos delitos, la fiscalía solicita dos años y medio de cárcel y 17 años y seis meses de inhabilitación especial.
El ministerio público pide dos años y tres meses de cárcel e inhabilitación especial por 17 años y medio para la que era en el momento de los hechos secretaria de ayuntamiento, Caridad García, por los presuntos delitos de prevaricación y fraude.
Finalmente, el responsable de la empresa constructora, Vicente Gimeno, se enfrenta a una solicitud de condena de dos años y tres meses de prisión y ocho años y un mes de inhabilitación por un supuesto delito de fraude.
La acusación estatal sostiene en su escrito de conclusiones provisionales que Sánchez no solo adjudicó a dedo la redacción del proyecto, sino que después, para dar apariencia de legalidad a esa decisión, convocó un concurso de ideas que fue ganado por el mismo arquitecto.
También acusa al entonces alcalde y luego presidente de la Comunidad Autónoma de haber recibido seis millones de euros de la Consejería de Cultura para realizar las obras sobre unos terrenos que no eran propiedad del ayuntamiento y de cambiar de ubicación la ejecución del proyecto constructivo.
Finalmente, sostiene que se dio por recibido el inmueble cuando los trabajos no habían finalizado aún.
