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Rafael Laorden, exalcalde de Blanca, condenado por permitir vertidos ilegales en un paraje protegido

Se le impone una multa de 1.440 euros por un delito contra la flora protegida entre 2003 y 2009. Se ha suprimido el delito contra el medio ambiente que inicialmente se imputaba y la petición de responsabilidad civil

SERGIO GÓMEZ
19 OCT 2022 - 12:00
Rafael Laorden, exalcalde de Blanca, condenado por permitir vertidos ilegales en un paraje protegido
Laorden, de espaldas, durante el juicio en la Audiencia Provincial. ORM
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Rafael Laorden, exalcalde de Blanca, condenado por permitir vertidos ilegales en un paraje protegido
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El ex alcalde popular de Blanca, Rafael Laorden, ha sido condenado por permitir vertidos ilegales en un paraje protegido de la Sierra de Ricote. Tendrá que hacer frente al pago de una multa económica de 1.440 euros, o lo que es lo mismo, 6 euros durante 8 meses, por un delito contra la flora protegida de esa zona conocida como La Navela entre los años 2003 y 2009.

Comparten condena junto a él los dos concejales de Medio Ambiente de su gobierno, Ángel Cano y José María Molina, y el responsable de una empresa que realizó los vertidos, Juan Morales. Laorden valoraba la sentencia: "Si después de 19 años, ha sido para poner una sanción de 6 euros durante 8 meses, parece que dice muy a las claras la poca envergadura que tenía el caso, pero sí el perjuicio personal, social, político y económico que ha producido a mi persona".

Finalmente se ha suprimido el delito contra el medio ambiente que inicialmente se le imputaba y la petición de responsabilidad civil inicialmente solicitada, tras la declaración de un perito que aseguraba que no era necesaria la restauración de la zona puesto que, con el paso de los años, de forma natural, ha crecido cubierta vegetal en la zona. 

 

Ecologistas en Acción celebra la sentencia condenatoria

Desde Ecologistas en Acción, personados en la causa, celebran la sentencia condenatoria aunque lamentan la dilación del proceso judicial. Su portavoz es Pedro Luengo

Luengo destaca la dificultad de la jurisprudencia española para demostrar este tipo de delitos ambientales que, en la mayor parte de los casos, acaban con sanciones económicas o faltas administrativas, rara vez con penas de prisión.

El alcalde de Blanca, el socialista Pedro Luis Molina, dice que acepta y respeta la resolución judicial y que se mantendrá vigilante con el cumplimiento de la ley.

 

 

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