La adjudicación es para cuatro años y sale, precisamente, cuando la nueva ley que se tramita ya en el Congreso obliga a los hospitales públicos a garantizar el derecho al aborto
Salud adjudica por casi 6'5 millones de euros a clínicas privadas la interrupción voluntaria del embarazo en la Región de Murcia. La adjudicación es para cuatro años y sale, precisamente, cuando la nueva ley que se tramita ya en el Congreso obliga a los hospitales públicos a garantizar el derecho al aborto.
Las empresas adjudicatarias son tres, aunque en realidad son la misma, y son las que prestaban ese servicio cuando aún no estaba ni siquiera adjudicado. Se trata de Delta, Géminis e Instituto Ginecológico. Un gasto innecesario, según Conchi, la portavoz de la Plataforma de Mujeres Expulsadas de la Sanidad pública, porque, con la nueva ley, se deja claro que las interrupciones de embarazo serán asistidas en la Sanidad Pública.
Además de completamente innecesario, creen desde esta Plataforma que también es desorbitado para una Sanidad, la murciana, a la que el Tribunal de Cuentas todos los años le da un tirón de orejas por el déficit que acumula. Recuerdan también que en el comité de valoración de las ofertas presentadas está un médico que públicamente reconoció ser objetor, Juan Luis Delgado, jefe de medicina materno fetal de la Arrixaca.
Aunque la nueva ley del aborto aún está en trámites, la actual incluye que los abortos se hagan en la Sanidad pública. Algo que incumple la Comunidad murciana, donde el 100% de las interrupciones de embarazo, incluso las que se hacen cuando el feto no es viable, se derivan a centros privados en la Región de Murcia, según el último informe del Defensor del Pueblo.
