Loading

El Gobierno propone rebajar la sedición a pena de cárcel de 3 a 5 años con una inhabilitación de 6 a 8

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la reforma del delito de sedición que pasará a llamarse de "desórdenes públicos agravados"

ONDA REGIONAL
10 NOV 2022 - 22:05
Actualizado:
11 NOV 2022 - 15:40
Sánchez anuncia que reformará el delito de sedición
Pedro Sánchez en el Congreso. EP
Escucha el audio a continuación
El Gobierno propone rebajar la sedición a pena de cárcel de 3 a 5 años con una inhabilitación de 6 a 8
06:31

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que PSOE y Unidas Podemos presentarán mañana una iniciativa legislativa en el Congreso para reformar el delito de sedición, que pasará a llamarse de "desórdenes públicos agravados".

Así lo ha afirmado en una entrevista en La Sexta en la que ha señalado que el nuevo tipo penal será "más o menos homologable" con otras democracias europeas como Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Suiza y las penas por esos delitos serán las que rigen en los códigos penales de esos países.

Según recoge la proposición de ley orgánica realizada por PSOE y Unidas Podemos, el Gobierno ha propuesto rebajar el actual delito de sedición, penado actualmente para autoridades con 10 a 15 años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, hasta penas de 3 a 5 años de prisión y de 6 a 8 años de inhabilitación,

El texto señala que "serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios".

Y añade que "los hechos descritos en el apartado anterior serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público. En caso de hallarse los autores constituidos en autoridad, la pena de inhabilitación será absoluta por tiempo de seis a ocho años. 

Niega que sea una exigencia de ERC y que Puigdemont no vaya a rendir cuentas

Sánchez ha negado que esto sea una exigencia de ERC para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que por el contrario lo ha reivindicado "desde siempre", al tiempo que ha señalado que en las últimas semanas hay grupos parlamentarios que han dichos que están dispuestos a acometer esta reforma.

Así, Sánchez ha defendido esta decisión al calificarla como "un paso adelante" en la "homologación" con los países del entorno europeo. Además ha justificado que se revise este delito que "fue redactado en 1822", según ha subrayado.

En la misma línea, ha apuntado que Alemania suprimió el delito de sedición en el año 1970 y lo renombró con otro tipo de terminología parecida a la que va a proponer el Gobierno. De este modo, Sánchez ha reiterado que lo que hace el Ejecutivo es homologar el código penal a los "estándares europeos".

Sánchez también ha negado que esta reforma vaya a debilitar al Estado porque, según ha trasladado, se van a reconocer penas por esos delitos, pero que sean "homologables a las principales democracias europeas".

También ha rechazado que esta modificación pueda evitar que el expresidente catalán Carles Puigdemont --huido de la justicia española desde hace cinco años-- rinda cuentas ante los tribunales. "Tendría que rendir cuentas ante la justicia española, absolutamente" puesto que "los delitos que se cometieron en 2017 siguen estando presentes en nuestro código penal", según ha asegurado, aunque con una nueva denominación.

Sánchez ha subrayado que esta iniciativa va a ayudar a "distender la situación en Cataluña" y a "superar este contencioso" que heredó de la administración anterior del presidente Mariano Rajoy (PP) según ha apuntado en varios momentos. Un asunto que "nunca" ha "rehuido", según sus palabras.

Las reacciones a la decisión del Gobierno

La reforma persigue "modificar el concepto de un delito que tenía 200 años y que la mayoría de países europeos han ido adaptando a la sociedad actual". Así lo ha indicado el portavoz socialista en la Cámara Baja, Patxi López.

López ha admitido que la reforma del delito de sedición puede tener un coste electoral, aunque se ha mostrado convencido de que los votantes socialistas lo entenderán. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera “absurdo” que se vincule la reforma del delito de sedición con contraprestaciones para obtener respaldos a los Presupuestos Generales del Estado. En Murcia, el ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha defendido que la reforma del delito de sedición persigue una "homologación" con los países europeos.

Mientras, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que se avanza hacia el "fin de la represión" sobre el movimiento independentista. Aragonés ha celebrado que el delito de sedición queda eliminado del Código Penal pero ha avisado de que harán falta más pasos para avanzar en la desjudicialización del conflicto catalán.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ve positiva la iniciativa y afirma que su grupo "colaborará" para aprobar una reforma "lógica y obligada" del delito de sedición. Y el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha deslizado que la derogación del delito de sedición abre la posibilidad de beneficiar al expresidente Carles Puigdemont y los demás huidos de la Justicia española, pues considera que sin esa figura penal nadie podría ser "acusado y juzgado" por los hechos del proceso independentista de 2017.

En el lado contrario, con duras críticas, los partidos de la oposición como el PP, C's y Vox, pero también algunos barones socialistas como el presidente de Aragón, Javier Lambán, que ha expresado abiertamente su rechazo a la reforma del delito de sedición. También el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que no comparte la decisión del Gobierno central, y está convencido de que la reforma de la sedición no es el camino correcto. 

En redes sociales, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado la "irresponsabilidad" e "ingenuidad" de Pedro Sánchez, por su decisión que- según opina- ha tomado "de la mano de los condenados" y ha advertido de que el independentismo "nunca, jamás, se conforma".

El coordinador general del PP, Elías Bendodo ha hablado de uno de los mayores atropellos en lo que llevamos de democracia y ha dicho que hoy es un día negro para España. 

Desde Vox, su vicepresidente Javier Ortega Smith ha acusado al Gobierno de "armar con gasolina a los golpistas" con la desaparición del delito de sedición y "alentar" a que se cometa un nuevo "golpe de Estado" en Cataluña. En similares términos, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado al presidente Pedro Sánchez de facilitar y apadrinar el próximo golpe de Estado en Cataluña con la derogación del delito de sedición.
 

 

 

Temas
Podcasts destacados