El presidente del Gobierno justifica el espionaje del CNI por un "problema de seguridad nacional" con la DUI en Cataluña y los altercados
REDACCIÓN | AGENCIAS
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la aprobación de una nueva ley de secretos oficiales y la reforma de la ley orgánica del control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Sánchez ha hecho este anuncio en su comparecencia ante el pleno del Congreso para informar del espionaje político mediante el sistema Pegasus y en la que ha reiterado la disposición del Gobierno a desclasificar todos los documentos que solicite la Justicia.
El jefe del Ejecutivo ha considerado que era "impostergable" aprobar una nueva ley sobre información clasificada, ya que la actual data de 1968, y ha subrayado que con la reforma del control judicial del CNI habrá aún más garantías para los derechos individuales de las personas.
La ley por la que se creó el CNI (y que partidos como el PNV vienen reclamando reformar de forma insistente) data de 2002, y remite a su vez a una ley orgánica complementaria sobre el control judicial previo de sus actuaciones cuya reforma es la que ha anunciado Sánchez.
Las medidas avanzadas ha dicho que pretenden reforzar las garantías de control y seguridad con el máximo respeto a los derechos individuales y sociales de las personas. "Vamos a continuar trabajando para redoblar la seguridad y blindarla lo máximo posible en el futuro", ha recalcado, tras anunciar que la máxima responsable del CNI acudirá a dar cuentas anualmente al Congreso.
El presidente del Gobierno ha explicado que se va a alinear la directiva de inteligencia al marco de la estrategia de seguridad nacional de 2021 con el objetivo de aumentar las capacidades de los servicios de inteligencia y también se va a reforzar la cooperación entre el Centro Criptológico Nacional y los organismos encargados de la ciberseguridad.
Se trata -ha precisado Sánchez- de actuar frente a peligros del uso ilegítimo de software como el Pegasus y de los que puedan llegar en el futuro porque se va a realizar una labor continua de análisis y valoración de las nuevas vulnerabilidades.
El presidente del Gobierno ha asegurado que la actualización de la estrategia de seguridad nacional y ciberseguridad, la nueva ley de secretos oficiales y la nueva ley orgánica del control judicial del CNI evitarán que estas brechas de seguridad que se han producido puedan hacerlo en el futuro.
Sánchez, que ha repetido en numerosas ocasiones durante su comparecencia la transparencia que demuestra en todo momento el Gobierno, ha considerado que prueba de ello es que tras difundirse el espionaje con Pegasus de dirigentes independentistas, hubo un control interno en el CNI, se constituyó la comisión de secretos oficiales en el Congreso, compareció ante ella la directora de los servicios de inteligencia y se sumó a la investigación el Defensor del Pueblo.
Todo ello cree que ha evidenciado que las actuaciones del CNI se amoldaron en todo momento a la legalidad vigente y con el objetivo de neutralizar actividades que supusieran una amenaza al orden constitucional, a la soberanía nacional o a la estabilidad de las instituciones.
En ese contexto, ha reconocido que la declaración de independencia y los sabotajes en Cataluña fueron una enorme fuente de preocupación para la seguridad nacional, y de ahí que se solicitara autorización para actuar y el juez acordara las medidas oportunas.
Pero ha afirmado que las actuaciones de los servicios de inteligencia no están sometidos a una decisión discrecional del Gobierno en general ni de él en concreto.
"El Gobierno no decide sobre las decisiones operativas de los servicios de inteligencia. Eso ha podido pasar con otros gobiernos, pero jamás conmigo, y les garantizo -ha apostillado- que no pasará".
Los espionajes no reconocidos a dirigentes independentistas por el Centro Nacional de Inteligencia, que ha subrayado que no han sido probados, ha dicho que serían ajenos a la administración española, y ante ello ha expresado su apoyo a cualquier persona que haya sufrido un ataque a sus derechos fundamentales porque no hay ninguna causa que lo justifique.
Además, ha afirmado que el Gobierno está dispuesto a desclasificar toda la información sobre este asunto si lo solicita un juez y siempre que no afecte a la seguridad nacional.
JUSTIFICA EL ESPIONAJE POR "UN PROBLEMA DE SEGURIDAD NACIONAL"
Sánchez ha justificado el espionaje del CNI por considerar un "problema de seguridad nacional" la Declaración Unilateral de Independencia en 2017 y los altercados de 2019 tras la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo. Sánchez ha dejado claro que él mismo asume el contenido de una directiva de seguridad nacional alegando que ha hecho lo que debía, aunque precisando que es el CNI quien define, diseña e implementa esas operaciones y las materializa con la autorización judicial.
Así lo ha afirmado el jefe del Ejecutivo en el Parlamento durante la réplica al PNV, en el Pleno monográfico convocado para que dé explicaciones por el espionaje del CNI a líderes independentistas. Sánchez ha insistido en que ni puede ni debe decidir a quién se tienen que intervenir los teléfonos. Pero ha advertido de que lo que sí es su deber y responsabilidad "es salvaguardar el orden constitucional y defender la seguridad nacional".
TOMA DEL PRAT
Así, ha recordado que en Cataluña hubo, por parte de dirigentes independentistas catalanes que estaban al frente del Gobierno y también las máximas representaciones parlamentarias, una declaración unilateral de independencia (DUI) que se aprobó en 2017 y también "una contestación muy importante" en 2019.
Y dirigiéndose al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, le ha corregido asegurando que no fueron unos cuantos contenedores incendiados lo que ocurrió, sino "el intento de toma de un aeropuerto como el Prat, el impedimento de que los controladores aéreos pudieran subir a la torre aérea para poder controlar los vuelos y la circulación aérea de esa torre, sabotajes diarios en los trenes de cercanías,...".
Unos hechos que ha calificado de "evidente problema de seguridad nacional" que España tenía en 2019. "Por tanto, lo único que puedo decir es que esa directiva de seguridad nacional efectivamente es responsabilidad del Gobierno de España, mía personal, yo la acepto, la asumo, es así, creo que además he hecho lo que debía", ha dejado claro.
Y ha añadido que, a partir de ahí, quienes "definen, diseñan e implementan esas operaciones y las materializan" es el CNI, que es quien debe contar con el permiso es de la autorización judicial que "evidentemente tienen que ser motivada".
UN PROBLEMA HEREDADO
Además, en respuesta a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, Sánchez ha recordado que la situación en Cataluña es "un problema heredado" del anterior Gobierno de Mariano Rajoy, a quien le hicieron una DUI y les pusieron "en un brete", según ha afirmado, por "no ser valientes" y no tener coraje para sentarse con aquellos que piensan distinto para llegar a un acuerdo, según le ha reprochado a los 'populares'.
A juicio de Sánchez, a pesar de que su Gobierno ha pedido "la mayor unidad" a lo largo de la legislatura, tanto a Pablo Casado como a su sustituto al frente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la respuesta ha sido deslegitimar cualquier apoyo parlamentario a la acción del Ejecutivo, según ha lamentado.
En esta misma línea, dirigiéndose al líder de Vox, Santiago Abascal, Sánchez le ha acusado de decir que el conflicto catalán se resolvía "a bofetadas" y ha acusado a la derecha y a la ultraderecha de utilizar a la sociedad catalana "como un pim pam pum" para tratar de llegar al poder y desalojar ala izquierda del Gobierno.
Sin embargo Sánchez se ha mostrado convencido de que la España progresista, que según ha indicado es mayoritaria, "no compra esos argumentos" y cuando lleguen las elecciones los ciudadanos pondrán a Gamarra y a Abascal "en su debido sitio" es decir "en la oposición", según les ha espetado.
NO HAY 'ESTADO PROFUNDO'
Por otro lado, el jefe del Ejecutivo ha rechazado que exista un 'Estado profundo' y así se lo ha expresado a varios portavoces que le habían mencionado este punto durante sus intervenciones. Al dirigirse al de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha lamentado que "compre esos discursos" puesto que en España existe un Estado "con sus imperfecciones", un sistema de contrapesos y una separación de poderes que el Ejecutivo respeta.
Sobre este mismo tema, Sánchez le ha garantizado al diputado de Compromís, Joan Baldoví, que no existe dicho 'Estado profundo', aunque "en el pasado" hubo "una estructura parapolicial" que ha sido investigada por la Justicia pero que ahora "esas prácticas acabaron", según ha afirmado. "Con este Gobierno y conmigo no ha sucedido lo que sucedió con Rajoy y con el PP" ha terminado.
