La Asamblea tumba la proposición que pretendía devolver al Gobierno regional la potestad reguladora y exigir estudios técnicos sobre el número de autorizaciones en cada municipio
La Asamblea tumba con los votos de PP y Vox la proposición de ley del PSOE para devolver a la Comunidad Autónoma la regulación de los vehículos de transporte con conductor (VTC) y exigir un estudio técnico que decida el número de licencias en cada municipio.
La ley regional del transporte VTC aprobada hace dos años establecía una suspensión temporal de las licencias de esta modalidad de transporte hasta la redacción de ordenanzas por parte de cada ayuntamiento. Ningún consistorio ha aprobado la norma un año después. La reforma legal del PSOE pretendía devolver al Gobierno regional la potestad reguladora para evitar, decía el diputado Miguel Ángel Ortega, inseguridad jurídica, conflictos entre ayuntamientos y entre el sector del taxi y el del VTC.
Finalmente, los votos de PP y VOX han impedido que saliera adelante, pese al respaldo de Podemos-IU. El diputado popular, Antonio Landáburu, acusaba a los socialistas de distraer a la opinión pública e insistir en un asunto que, a su juicio, quedó resultado hace un año con la ley regional.
PP y VOX rechazan en el pleno de la Asamblea Regional la aprobación de un protocolo específico para la infancia trans en cumplimiento de la ley estatal de igualdad.
La petición de esta guía específica de acompañamiento, que está en vigor en otras comunidades autónomas, era objeto de un tenso debate entre los grupos parlamentarios. Los portavoces de Podemos-IU y PSOE reiteraban sus acusaciones al Gobierno de Fernando López Miras por incumplir leyes del Estado en función de sus intereses, mientras que el PP planteaba como alternativa revisar los protocolos actuales de acoso escolar y el parlamentario de VOX hablaba de trastorno al referirse a las personas trans.
El PP consigue en la Asamblea que el parlamento murciano siga financiando de forma transitoria los estudios y encuestas del CEMOP. Su continuidad quedó suspendida tras aprobarse una moción de VOX, modificada por el PSOE, que exigía un concurso previo en lugar de una adjudicación directa al centro de estudios murciano.
El parlamento venía costeando hasta hace unos meses estos informes sociológicos y barómetros de intención de voto del CEMOP, vinculado a la Universidad de Murcia, con un coste anual de treinta mil euros. Tras la suspensión, los populares pedían hoy al pleno seguir financiando las encuestas hasta que se convoque un concurso público. La moción salía aprobada con los votos a favor de PP, PSOE y Podemos-IU y el rechazo de VOX. La diputada popular María Luisa Casajús defendía la iniciativa.
