De 2021 a 2023 regirán las ayudas para el Desarrollo Rural cuyo adelanto ha apoyado la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo
REDACCIÓN. Murcia
De madrugada y tras varias horas de reunión ha llegado el acuerdo para la próxima Política Agraria Común que regirá cuatro años a partir 2023. España se llevará un bocado del presupuesto similar al de la última PAC aunque esto en la práctica, parece, va a suponer una merma de fondos directos que perciban los agricultores. Ese recorte puede llegar a rondar el 12 % para el campo español. Según los cálculos de la organización agraria ASAJA, en términos absolutos, supondrá 4. 700 millones menos según detalla Pedro Gallardo, vicepresidente nacional de esta entidad.
El también vicepresidente del Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias de la Unión Europea ha mantenido una reunión en Murcia con el gobierno regional en el que se ha abordado el alcance del acuerdo de la PAC. Hasta 2023 que se active, quedan dos años en los que estarán vigentes otras ayudas, las del desarrollo rural que la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha adelantado. Antonio Luengo, consejero de Agricultura en Murcia saluda la decisión. Ahora resta saber cómo va a ser la cofinanciación de los proyectos que se acojan a estas ayudas.
La PAC es importante pero, recuerdan desde ASAJA nacional, también lo son el mantenimiento del veto ruso y los aranceles de Estados Unidos hacia productos españoles como el aceite.
42 HORAS DE NEGOCIACIONES
El último borrador para la PAC propuesto por Alemania, como presidencia de turno de la Unión Europea, era aprobada por mayoría cualificada, con el único voto en contra de Lituania y las abstenciones de Rumanía, Bulgaria y Letonia. El mayor punto de fricción entre los Estados miembros eran las características de la nueva ayuda a agricultores y ganaderos que quieran ir más allá de los requisitos obligatorios y adopten medidas adicionales en favor del clima y el medio ambiente. Finalmente, los Veintisiete han pactado dedicar un 20% de los pagos directos a los llamados "ecoesquemas".
También han quedado resueltos los problemas que habían generado dos de las condiciones obligatorias para acceder a las ayudas directas de la PAC: la que hace de referencia a la rotación de cultivos y otras prácticas destinadas a preservar el potencial del suelo y la que establece un porcentaje mínimo de tierras de cultivo destinadas a superficies e instalaciones no productivas. La nueva política agraria común no entrará en vigor hasta 2023, para dar tiempo a los Estados miembros a adoptar las nuevas disposiciones. En cualquier caso, contará con un presupuesto para los próximos siete años de 390.000 millones.
