La Asociación 'El Defensor del Paciente' atribuye al afectado lesiones, secuelas y daños morales tras una intervención realizada en 2022 en un hospital concertado de Murcia por el que se reclama 150.000 euros
Primera reclamación al Servicio Murciano de Salud de un paciente al que se le implantó un stent vascular caducado. Pide una indemnización de 150.000 euros y asegura que no fue consciente de la irregularidad hasta mayo de 2026, tras hacerse pública la investigación de la UDEF sobre una presunta trama de fraude sanitario. Su abogado afirma que Salud nunca se ha puesto en contacto con su cliente para comprobar si las complicaciones que había sufrido podían estar relacionadas con el implante.
Ha sido la Asociación El Defensor del Paciente la que ha presentado la reclamación patrimonial. El paciente, de 65 años y con arteriopatía periférica severa, fue derivado al Hospital Quirón de Murcia, donde fue intervenido el 21 de marzo de 2022. La operación prevista consistía en un bypass, pero finalmente se le practicó una angioplastia con un stent cuya fecha de caducidad figuraba en febrero de 2022, extremo que, según sostiene la reclamación, constaba en las etiquetas incorporadas a la documentación del implante explica Ramón Cuenca, abogado de la Asociación El Defensor del Paciente.
La intervención no obtuvo el resultado esperado y cuatro meses después el paciente tuvo que someterse a un bypass. Tras recibir el alta, sufrió una trombosis del injerto que requirió una nueva cirugía urgente. La consejería de Salud ha reiterado desde hace unas semanas que según los sanitarios no hay episodios clínicos relacionados con prótesis caducadas. El abogado Ramón Cuenca no sabe cómo habrán hecho esas revisiones pero ya avanza que con su cliente no se ha puesto en contacto nadie del Servicio Murciano de Salud.
El caso se suma a la investigación judicial sobre la presunta trama de prótesis vasculares del SMS. La causa investiga el supuesto uso de stents y otros dispositivos sanitarios caducados, así como posibles irregularidades en su gestión y en la documentación de las intervenciones. Precisamente en el parte de la intervención de la que ahora se reclaman 150.000 euros se incluyeron dos protesis de las que solo se implantó una. La Policía sostiene que podrían existir más pacientes afectados algo de lo que está convencido el abogado del Defensor del Paciente. Salud no hace nínguna declaración al respecto al tratarse de un asunto que se encuentra inmerso en plena instrucción judicial.
