La magistrada del juzgado número 3 de Cartagena, en un auto, señala que la mujer, "ante la creencia errónea" de que contaba con un cirujano de reconocida experiencia, decidió hacerse una lipoescultura
La magistrada del juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena ha acordado que continúe el procedimiento por un delito de homicidio imprudente contra 10 sanitarios tras la muerte de Sara Gómez después de que se sometiera a una lipoescultura en 2021.
La paciente, recuerda el auto, ingresó en un hospital de Cartagena el 2 de diciembre. Tras terminar la operación de cirugía estética a las 14:30 es trasladada a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en un segundo hospital a las 18:30, donde llega en estado crítico, aunque, dada la inestabilidad de la paciente, los cirujanos de guardia deciden no intervenirla.
La resolución recoge las analíticas practicadas desde ese día, subrayando que los marcadores de sepsis aparecen desde el día siguiente. Es intervenida el 7 de diciembre, cuando los resultados analíticos empeoran.
Tras la cirugía se produce una estabilización progresiva, continúa el auto, hasta el 22 de diciembre, que se produce un empeoramiento de la situación clínica, y el día 1 de enero se decide intervención quirúrgica urgente, con un fallo multiorgánico, que causa su fallecimiento.
Tras la denuncia de estos hechos, y practicadas las diligencias estimadas necesarias para determinar la naturaleza de los hechos y de las personas que participaron, el auto señala que la mujer, "ante la creencia errónea" por las publicaciones en redes sociales de que contactaba con un cirujano plástico de reconocida experiencia, decidió practicarse una lipoescultura.
La defensa del doctor Massó anuncia un recurso contra el auto de la jueza. Considera que el caso debe ser juzgado por la vía civil, no penal. En cualquier caso, el abogado Pablo Martínez asegura que está preparado para el juicio. Será en la sala de vistas donde la defensa del cirujano espera poder demostrar que la de Sara no fue la primera operación de ese tipo que realizaba y que tenía la formación necesaria para practicarla. Pablo Martínez considera que no estamos ante un homicidio por imprudencia, tal y como sospecha la jueza instructora.
