Murcia debería recibir a 195 migrantes más según el criterio establecido por el Gobierno de España
Quince comunidades autónomas -todas excepto Canarias y Baleares, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- acogen menos menores migrantes no acompañados de lo que les tocaría en función de su población, si se suma el total de los que se encuentran en España y se divide entre territorios según su número de habitantes.
Son los datos que maneja el Gobierno después de haber recabado los transmitidos por las comunidades sobre el número de menores que acoge cada una, y reflejan que las autonomías que presentan más diferencia respecto a lo que les correspondería por población y lo que realmente acogen son Andalucía (1.372 menos de lo que le corresponde), Comunidad Valenciana (1.216) y Galicia (620).
En la otra cara de la moneda está Canarias, a la que le correspondería tutelar 718 jóvenes y acoge 5.566 (una diferencia de 4.848), Ceuta (que tiene 526 y debería, por población, tener 27), Baleares (622 frente a 396) y Melilla (193 frente a 28).
A través de estos cálculos, el Ejecutivo fija la capacidad ordinaria del sistema de acogida nacional en 32 menores por 100.000 habitantes, indicador que será clave para determinar cuándo una comunidad puede pedir al Ejecutivo que declare la contingencia migratoria y comenzar con las derivaciones.
Los datos han sido transmitidos a las autonomías este miércoles en una Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se ha celebrado bajo la presidencia del secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, a modo de reunión previa de la próxima Conferencia Sectorial, para la que aún no hay fecha prevista.
En el caso de Aragón, Baleares, Cantabria, Galicia, Madrid y Melilla, el Gobierno ha utilizado datos del Registro de Menores Extranjeros No Acompañados del Ministerio del Interior, ya que la primera comunidad no ha remitido los datos requeridos y el resto no ha comunicado exactamente las cifras que se pedían.
Desde que se aprobó este mecanismo, las comunidades presididas por el PP han mostrado su rechazo frontal y algunas de ellas -Comunidad de Madrid, Aragón, Extremadura y Cantabria- lo han recurrido ante el Tribunal Constitucional. El rechazo de Aragón ha dado lugar incluso a recursos cruzados con el Gobierno central en los tribunales.
