El Consejo Jurídico de la Región de Murcia considera que el paciente no presenta ningún informe pericial que vincule el daño con el mal funcionamiento de los servicios públicos
Un paciente ha reclamado 600.000 euros al Servicio Murciano de Salud (SMS) por las secuelas que padece debido, asegura, al retraso que sufrió en diagnosticarle un ictus.
En su demanda expuso que debido a esa demora padece secuelas que afectan a su vida diaria y que hubieran podido ser evitadas o paliadas con un diagnóstico precoz, además de quejarse de que no se hubiera activado el Código Ictus.
La reclamación ha sido sometida al preceptivo y no vinculante dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), que se ha pronunciado en contra de su estimación.
Considera el dictamen que el paciente no ha presentado ningún informe pericial en apoyo de sus afirmaciones de mala praxis y que no está acreditada la existencia de una relación de causalidad entre el daño que alega y el funcionamiento de los servicios sanitarios.
Y añade que, por el contrario, los informes incorporados a las actuaciones demuestran que el ictus se detectó en el momento en que los indicios así lo detectaban y que a partir de entonces se le ofreció la atención que precisaba en cada momento.
