Firma del pacto en Moncloa
Firma del pacto en Moncloa. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

Gobierno y agentes sociales firman un pacto por el empleo entre las críticas de CEOE a subir impuestos

El Consejo de Ministros aprueba 40.000 millones de líneas ICO y un fondo de 10.000 millones para salvar empresas

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REDACCIÓN | AGENCIAS

Este viernes ha tenido lugar en Moncloa la Firma del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo entre el Gobierno y las patronales y sindicatos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que el Pacto con los agentes sociales va en la buena dirección: se crearán muchos empleos nuevos en lo que queda de legislatura. 

El presidente de Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa, Gerardo Cuerva. ha pedido al gobierno que sea ambicioso a la hora de tomar medidas para lograr la recuperación. Cuerva también cree que la subida de impuestos es un error, ya que puede lastrar el crecimiento económico. Por su parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi ha subrayado que lo que hay que hacer es combatir la economía sumergida, porque de allí saldrían "un montón de millones". Garamendi considera que ahora no es el momento de abrir el debate fiscal.
 
Desde los sindicatos, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez ha reclamado unas bases sólidas para iniciar la recuperación del país. Y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado que el pacto es un mensaje de compromiso y confianza. 

14 MEDIDAS

'El Pacto por la Reactivación Económica y por el Empleo' firmado este viernes en los jardines del Palacio de la Moncloa por el Gobierno, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme contempla catorce compromisos sobre los que alcanzar acuerdos para acelerar la creación de puestos de trabajo e impulsar la economía española, a través de la intensificación, "de manera inmediata", de las distintas mesas de diálogo social.

En el pacto, que consta en total de diez puntos, las partes se comprometen a impulsar desde las empresas la recontratación de los trabajadores con contrato temporal cuya relación laboral finalizó durante la crisis sanitaria, siempre que las circunstancias lo permitan y potenciando en la medida de lo posible la contratación indefinida.

Al mismo tiempo, se comprometen a impulsar la reincorporación a las empresas de los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) derivados de la crisis del Covid-19, primando los ajustes de capacidad en horas de trabajo y no en empleos.

Gobierno y agentes sociales apuestan también en el pacto por desarrollar mecanismos eficaces para la formación y recualificación de los trabajadores de cara a su capacitación, en particular en el ámbito digital y tecnológico. El objetivo es acceder a los puestos de trabajo que se creen y su recolocación en la misma u otra empresa o sector, especialmente en aquellos sectores afectados por un proceso de reconversión o transformación acelerado por el coronavirus.

Asimismo, se comprometen a establecer un marco adecuado para el trabajo a distancia y la adaptabilidad de la jornada laboral, y para los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, buscando mayor seguridad jurídica, menor vulnerabilidad y volatilidad y una mayor contribución a la estabilidad económica.

MODERNIZAR EL MERCADO LABORAL

Igualmente, las partes se comprometen a modernizar el marco laboral para minimizar el impacto sobre el empleo de futuras crisis futuras y las políticas activas con el fin de reorientar los recursos hacia un sistema de apoyo personalizado, formación y recualificación de los trabajadores, desplegando mecanismos para alinear la oferta y la demanda en el mercado laboral.

Gobierno y sindicatos muestran su apoyo al desarrollo de la economía social y el sistema de cuidados, así como al colectivo de los autónomos, "tanto en la superación de las consecuencias económicas de la pandemia como en la reactivación de sus actividades profesionales".

Se comprometen además a asegurar el reforzamiento de los servicios públicos especialmente el sanitario y el sistema de dependencia, así como el servicio público de empleo (SEPE), mejorando la calidad de los empleos y los mecanismos de coordinación y de colaboración público-privada existentes.

En materia de pensiones, apuestan por abordar las adaptaciones que sean necesarias para reforzar y garantizar la sostenibilidad y suficiencia a largo plazo del sistema público de pensiones, protegiendo su poder adquisitivo.

Y en materia fiscal, se comprometen a impulsar medidas para aflorar la economía sumergida, "luchando contra el fraude, la precariedad y la evasión fiscal".

PACTO POR LA INDUSTRIA

El acuerdo contempla la puesta en marcha de un Pacto por la industria que permita la "imprescindible reindustrialización" de España, que "diversifique, equilibre y modernice su estructura productiva", e impulse sectores estratégicos.

El Gobierno y los interlocutores sociales abogan además por fomentar la transición "verde" del conjunto de sectores productivos y la economía circular, apostando por la colaboración público-privada y la inversión en la industria, la agricultura y en servicios competitivos.

También apuestan por impulsar la digitalización de la economía, el despliegue de capacidades digitales a lo largo de toda la vida laboral y la incorporación a las empresas de las nuevas tecnologías, en particular las pymes.

Para conseguir todos estos objetivos, el Ejecutivo y los interlocutores sociales acuerdan reactivar, con carácter inmediato, las mesas de diálogo social ya constituidas y abordar los compromisos recogidos en el pacto en los foros correspondientes.

"El Gobierno y los interlocutores sociales comparten la urgente necesidad de impulsar la reactivación económica y la creación de empleo tras la desescalada de las medidas de contención adoptadas ante la emergencia sanitaria causada por el Covid-19. Las circunstancias excepcionales actuales exigen llegar a acuerdos amplios de país que proporcionen la necesaria estabilidad y permitan sentar las bases de un crecimiento económico más sostenible e inclusivo", sostienen en el acuerdo.

 

40.000 millones de líneas ICO y un fondo de 10.000 millones para salvar empresas

El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes ha aprobado un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo que incluye un nuevo paquete de medidas por importe de 50.000 millones de euros, con una nueva línea de avales del ICO de 40.000 millones de euros para la realización de proyectos de inversión empresarial en sostenibilidad medioambiental y digitalización y la creación de un fondo de 10.000 millones de euros de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.

Además, ha aumentado a 100 millones de euros la dotación del Fondo de internacionalización de empresas, gestionado por Cofides, y ha flexibilizado los avales de Cesce de 2.000 millones para cubrir empresas cotizadas.

En el acto de la firma en el Palacio de la Moncloa del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo suscrito por el Gobierno con los agentes sociales (patronal y sindicatos), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que "muchas" empresas presentan un elevado endeudamiento derivado del cierre durante el estado de alarma que ha puesto en riesgo su supervivencia.

Por ello, ha detallado el nuevo paquete de medidas, como el fondo de 10.000 millones para empresas estratégicas que lo soliciten, con el fin de asegurar su viabilidad, ya que ha afirmado que "en España no va a quedar nadie atrás, ni trabajadores ni empresas". "Este Gobierno hará todo lo que esté en su mano para asegurar la viabilidad de sectores estratégicos para el tejido productivo español, regional, por su impacto social y económico" y su "relevancia" en sectores como la salud o infraestructuras, ha garantizado.

Este nuevo paquete, adelantado ayer por Sánchez y que ve la luz en el marco del acuerdo suscrito con los agentes sociales, tiene como objetivo reforzar y acelerar la recuperación que ya ha iniciado la economía tras la crisis provocada por el Covid-19, según ha explicado el Gobierno, para lo que se ponen en marcha medidas que impulsan la inversión y refuerzan la solvencia de las empresas, lo que a su vez dará soporte a "miles de puestos de trabajo".

Entre esas medidas se incluye la creación de una nueva Línea de Avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 40.000 millones de euros dirigida a impulsar la actividad inversora y fomentarla en las áreas donde se genere mayor valor añadido, en torno a dos ejes principales: la sostenibilidad medioambiental y la digitalización.

Ante el elevado uso de la anterior línea de avales de 100.000 millones de euros, aprobada el pasado 17 de marzo y destinada a cubrir las necesidades de liquidez, y el "óptimo" funcionamiento del modelo de colaboración público-privado, el Ejecutivo tiene previsto replicar el modo de aprobación y gestión, con el fin de optimizar los recursos y la capilaridad de la llegada de los fondos al tejido productivo.

Sánchez ha subrayado que se han registrado 10.000 operaciones al día a través de esa primera línea de garantías, de la que ya se han liberado por el Estado los 100.000 millones aprobados en marzo, que han permitido, hasta la fecha, que empresas y autónomos reciban 85.150 millones de euros en financiación para atender necesidades de liquidez. Con datos a 1 de julio, se han aprobado 663.995 operaciones, con un importe avalado de 64.725 millones de euros.

El mayor volumen de operaciones y financiación se concentra en pymes y autónomos, con 648.065 préstamos aprobados, el 97,6% del total, y un importe avalado de 46.777 millones de euros. Esto ha permitido la canalización de 58.525 millones de euros de financiación para garantizar liquidez y cubrir necesidades de circulante. El resto de empresas han recibido 26.493 millones de euros en financiación, a través de 12.662 operaciones avaladas con 17.843 millones de euros.



 


 
 
 

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