La Asamblea Regional también exige al Gobierno regional un protocolo común para el cáncer de mama y la aceleración de las obras de reparación del Trasvase
Unanimidad en el parlamento regional para reclamar la apertura de la estación lorquina de San Diego mientras no acaben las obras del AVE. Se cumplen 5 años con la línea cerrada, según la moción defendida por los populares, y hay más de 300.000 vecinos afectados. La solución, según la diputada Mari Carmen Ruiz, pasa por habilitar San Diego para los trenes de cercanías y el AVE, mientras prosiguen los trabajos del soterramiento.
Todos los partidos aplaudían la aprobación por unanimidad. El texto dirigido al gobierno de España incluye un informe sobre el retraso de las obras , además de soluciones para los vecinos de La Torrecilla. Según el portavoz socialista, Alfonso Martínez, su grupo vota a favor de la recuperación de los cercanías pero puntualiza que, técnicamente, el AVE no podrá llegar a San Diego.
La Asamblea vuelve a exigir al Gobierno regional, a petición del PSOE, un protocolo común a todas las áreas de salud para atender a las mujeres con sospecha de cáncer de mama, así como la implantación efectiva del anuncio para ampliar los cribados entre los 45 y los 74 años de edad.
480 mujeres de la Región esperan una cita para hacerse una mamografía por sospecha de cáncer, la mayoría, 314, tienen fecha por encima del tiempo máximo que permite la ley y otras 166 ni siquiera la tienen. Son datos actualizados del Servicio Murciano de Salud a los que apelaba este martes la diputada socialista, Marisol Sánchez, para exigir la puesta en marcha de un protocolo común con tiempos y medidas iguales para tratar todos los casos en las nueve áreas de salud.
Todos los grupos parlamentarios votaban a favor salvo los diputados de Vox, que se abstenían ante la falta de concreción de una fecha para hacer realidad la ampliación del programa de cribado anunciada por el presidente López Miras hace cuatro años.
El debate se ha enrarecido en la Asamblea a la hora de hablar de vivienda. La derecha tumbaba una moción socialista para movilizar suelo de la Comunidad destinado a promoción pública. Se han sucedido las llamadas al orden de la presidenta, algún insulto retirado del diario de sesiones y los reproches constantes sobre los dirigentes políticos con más patrimonio o dedicados a los desahucios.
Desde las filas populares, Antonio Landáburu sacaba a relucir los nombres de Montse Minguez y del diputado ciezano Joaquín Martínez para aseverar que el PSOE no puede dar lecciones de vivienda.
El socialista Miguel Ángel Ortega contraatacaba con el patrimonio de los populares, como la mujer de Feijóo, o los desahucios garantizados en el despacho de Bernabé. Dos veces ha sido llamado al orden por la presidenta de la Cámara, al igual que el popular Jesús Cano, por interrumpirle.
Tanto Vox como el grupo mixto arremetían contra el PSOE por no solucionar el drama de la vivienda, cuando hay un Ministerio específico. Escuchamos a Rubén Martínez de Vox, que votaban en contra, y María Marín, de Podemos, a favor de movilizar suelo en la Región. La moción ha sido rechazada por la derecha.
La Asamblea urge al Gobierno de España a acelerar las obras de reparación del canal del Trasvase Tajo-Segura en dos tramos de Albacete y Guadalajara cuya finalización está prevista en enero de 2027. Todos los grupos votan a favor de una moción del PP que pide también garantizar el envío efectivo de los caudales ya autorizados para evitar que caduquen.
Las obras del canal, declaradas de emergencia, cuentan con un presupuesto de un 1.200.000 euros y tienen como objetivo reparar roturas en el tramo de Almonacid de Zorita en Guadalajara y Liétor en Albacete. Todos los grupos votaban a favor del grueso de la moción defendida por el diputado del PP, Jesús Cano.
Las ONG tendrán que diferenciar las actividades que desarrollan con personal contratado y, si los hay, con voluntarios. Así se lo reclamará la Asamblea al Gobierno regional, tras aprobar parte de una moción de Vox con los votos de PP y PSOE.
Los que no ha prosperado ha sido un intento de Vox paralizar los convenios mientras las ONG no publiquen los sueldos de sus directivos. Pascual Salvador mencionaba específicamente a las que trabajan con inmigrantes.
El resto de grupos coinciden en que interrumpir el convenio con las ONG sería contraproducente para los más vulnerables. Lo decía el popular Víctor Martínez-Carrasco. Tanto él como el socialista Pedro López valoran la gestión de estas organizaciones, con un rendimiento del 34% en Transparencia.
La moción busca también que el Consejo Jurídico informe si la falta de transparencia sobre las subvenciones puede suponer la exclusión de licitaciones públicas.
