Familiares de algunas de las víctimas que fallecieron han solicitado a la Audiencia Provincial que tenga en cuenta el último informe pericial que aludía a una posible responsabilidad municipal
Familiares de algunas de las víctimas que fallecieron en el incendio de dos discotecas de Murcia en octubre de 2023 han solicitado a la Audiencia Provincial que tenga en cuenta el último informe pericial sobre los incumplimientos en medidas de seguridad de las salas en su decisión sobre la necesidad de investigar la posible responsabilidad del Ayuntamiento en este caso.
La Audiencia Provincial tiene pendiente resolver un recurso de los familiares de las víctimas del trágico suceso, en el que fallecieron 13 personas, contra la decisión de la jueza de instrucción número 3, que investiga el caso, de no citar a declarar a ningún responsable político o técnico municipal en el marco de esta investigación.
La jueza solicitó elaborar un informe a una perita arquitecta sobre la división de las dos discotecas siniestradas, que se ubicaban en una misma nave industrial dividida en dos, y sobre las medidas de seguridad y anti incendio de los locales.
El informe, que fue ratificado por la autora el pasado 20 de junio, señala importantes deficiencias, como una mala compartimentación y sectorización de los locales, que aceleró la propagación del incendio desde la discoteca Teatre, donde la investigación sitúa el origen del fuego, hasta Fonda Milagros, en la que fallecieron las trece personas.
Además, apunta a que este local duplicaba la distancia máxima que fija la ley para los recorridos de evacuación, que desde el palco más alejado, donde murieron las víctimas, hasta la puerta de salida, llegaba a los 55 metros, cuando el máximo debían ser 25, además de contar con una única escalera de evacuación, en lugar de dos.
Para los familiares de los fallecidos, este informe pericial, unido al conjunto de antecedentes administrativos sobre este caso, en el que se ha demostrado que las dos salas operaban con una única licencia de actividad a pesar de ser dos negocios diferentes, y tenían además una orden de cese de actividad desde 2021 que nunca llegó a ejecutarse, “evidencia que el Ayuntamiento de Murcia, como órgano garante de la seguridad pública, incumplió sus obligaciones legales de control, inspección y restablecimiento de la legalidad”.
El requerimiento remitido a la Audiencia Provincial, recuerda que la ley regional de Protección Ambiental Integrada obliga a la administración municipal a “suspender o clausurar las actividades que supongan riesgo para la seguridad de las personas”, al tiempo que la de Procedimiento Administrativo Común impone el deber de “ejecutar de forma forzosa los actos administrativos firmes, como los decretos de cese de actividad”.
Las familias consideran necesario investigar penalmente al Ayuntamiento de Murcia “como garante directo de la seguridad pública” y solicitan que la Audiencia conozca este informe pericial para tomar su decisión sobre la investigación o no del consistorio.
