En el PP estudiarán la propuesta, que genera dudas jurídicas por su encaje con el principio constitucional mientras que continúan las conversaciones
VOX condiciona el acuerdo sobre la nueva ley de vivienda asequible del PP a la inclusión en el texto de la 'prioridad nacional' pese a que la Constitución prohíbe discriminar por nacionalidad y establece el principio de igualdad ante la Ley. Los populares se comprometen a estudiar las exigencias de los de Abascal y dar una respuesta en los próximos días.
Poco más de dos horas duraba la reunión convocada por los portavoces de PP y VOX en la Asamblea para acercar posturas sobre el anteproyecto de ley de vivienda asequible que prevé la construcción de 25.000 nuevos inmuebles en cinco años. Los de Abascal quieren que el texto incluya una cláusula que dé prioridad a los españoles en el acceso a estas viviendas pese a que esta discriminación puede ser anticonstitucional. Rubén Martínez portavoz de VOX no ve problema alguno y dice que esta condición aparece ya en el pacto de gobierno de Extremadura.
Preguntados los de VOX sobre qué precios deben tener las futuras viviendas asequibles, el diputado regional afirma que la norma no debe regular este aspecto.
Menos optimista se mostraba el portavoz del PP tras el encuentro. Joaquín Segado señalaba que estudiarán la propuesta de VOX y verán si pueden o no aceptarla.
Ambas formaciones acordaban volver a reunirse en unos días e intentar agilizar la tramitación de la ley.
Estos pactos, entienden los socialistas, son impulsados por Ayuso, Feijoó o Abascal y son los que deciden lo que se hace en la Región de Murcia.
El diputado socialista Miguel Ortega duda que el gobierno de López Miras pueda presentar un decreto ley de vivienda que incluya la "prioridad nacional" al ser discriminatorio e inconstitucional, y asegura que el Gobierno regional se encuentra en un bucle racista del que son incapaces de salir.
Ortega dice que López Miras tiene dos opciones: pactar una solución con las 10 medidas que el PSOE le ofreció para bajar el precio de la vivienda, o que Vox le tenga esperando para aprobar la ley fomentando un discurso racista.
El PSOE recuerda que la Comunidad tiene 26,5 millones de euros del Gobierno de España que todavía no ha ingresado a los beneficiarios del bono de alquiler joven, de los que 22 tendrán que ir ser devueltos el próximo mes al no ser gestionados.