Consideran sospechoso que entre las mejores notas estén varias personas que son compañeros o subordinados de la presidenta del tribunal
Varias decenas de opositores que concurrieron al examen de auxiliar administrativo de la Comunidad Autónoma del pasado 1 de octubre han denunciado ante el juzgado número 4 de Murcia una posible filtración de las respuestas. Los denunciantes consideran muy sospechoso que entre las 20 mejores notas figuren al menos media docena de compañeros o subordinados de la presidenta del Tribunal, contra la que también han presentado una recusación por vía administrativa.
Las sospechas se acrecientan por la extrema dificultad de un examen que sólo aprobaron 450 de los casi 6.300 aspirantes que se presentaron a la prueba. Muchas de las preguntas eran extraordinariamente enrevesadas y, en su conjunto, resultaban inapropiadas para la categoría de auxiliar administrativo. De hecho, sólo 45 de los aprobados consiguieron alcanzar o superar la nota de un 4 sobre 6. Que en esas condiciones hubiera media docena de aspirantes relacionados profesionalmente con la presidenta del Tribunal que consiguieran "bordar el examen" y aparecer entre las mejores 20 calificaciones merece, cuando menos, una investigación, según explica la portavoz de los denunciantes.
Es más difícil saber si hay más "amigos o familiares" de la presidenta del Tribunal dentro del grupo de opositores que obtuvieron las mejores notas. Pero de lo que no hay ninguna duda, según los denunciantes, es de que muchos de ellos tienen con la presidenta una relación profesional demostrable.
Insisten en que este episodio no tiene nada que ver con el color político de la administración regional, sino con una actuación personal que, además debía haber sido evitada de antemano. Porque, a su juicio, la presidenta del Tribunal debería haberse abstenido de ocupar ese puesto dadas sus relaciones personales con muchos opositores. Por ese motivo, los denunciantes también han presentado una recusación en su contra por vía administrativa. La Consejería de Hacienda y la Dirección General de Función Pública tienen ahí la posibilidad de resolver el desaguisado, admitiendo la recusación, anulando los actos de la presidenta del Tribunal y ordenando la repetición del examen.