La Policía Nacional ha solicitado siete requerimientos de información en las sedes regionales, entre ellas Murcia. Hasta el momento hay 42 investigados no detenidos
La Policía Nacional ha destapado un fraude de subvenciones europeas en el ámbito rural a través de un sindicato agrario de ámbito nacional, en una operación con 42 personas investigadas, aunque no detenidas.
Además, se han realizado dos registros en la sede nacional de este sindicato en Madrid y en la regional de Andalucía. Según han indicado a EFE fuentes próximas al caso, se trata de la organización COAG.
La operación se enmarca en un Procedimiento de Investigación de la Fiscalía Europea, bajo la tutela de un juez de garantías de la Audiencia Nacional y tras unas pesquisas iniciadas por un Juzgado de Instrucción de Sevilla.
Además de los dos registros practicados, se han solicitado siete requerimientos de información en las sedes regionales de Aragón, Baleares, País Vasco, Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia y Cataluña.
El presidente de COAG en Murcia, José Miguel Marín, confirma que hace aproximadamente unos 20 días se entregó a la policía todos los documentos referentes a estas subvenciones.
Esta organización agraria ha mostrado su sorpresa y malestar por la información que hoy ha publicado Policía Nacional. En un comunicado, afirma que, tras más de año y medio de investigación, no se les ha comunicado ningún tipo de irregularidad. Además, consideran que la información de la Policía Nacional atenta contra el derecho de libertad sindical ya que se publica a tres días de la celebración de las elecciones agrarias en Castilla y León, en las que COAG concurre.
Los informes de la Intervención General de la Administración del Estado ponen de manifiesto que los fondos europeos sujetos a investigación se limitan a 32.899 euros, en un programa desarrollado en ocho Comunidades Autónomas durante tres años. Desde el inicio del proceso, COAG, en todo momento, ha mostrado su total colaboración para esclarecer cuanto antes dicha investigación.
El exhaustivo análisis de tres ejercicios económicos a nivel nacional ha revelado la existencia de múltiples supuestas irregularidades en la justificación de ayudas mediante el empleo de documentos falsos y un sofisticado sistema de imitación de firmas, según los investigadores.
La investigación, que ha contado con la colaboración de la Intervención General de la Administración del Estado, constituye la primera explotación operativa de este tipo en España desde la creación de la Fiscalía Europea.
Las pesquisas se iniciaron a requerimiento de un Juzgado de Instrucción de Sevilla, que posteriormente remitiría las actuaciones a la Fiscalía Europea por haber solicitado la investigación; y a raíz de una denuncia contra un sindicato agrario de ámbito nacional. En la denuncia se hacía referencia al empleo de documentos falsos para justificar actividades no realizadas, cuya ejecución se encontraba subvencionada.
El exhaustivo análisis de tres ejercicios económicos a nivel nacional reveló la presunta existencia de múltiples irregularidades en la justificación de ayudas mediante un sofisticado sistema de imitación de firmas en los documentos que conformaban el expediente de justificación.
Con el avance de las pesquisas, los agentes destaparon un presunto fraude en subvenciones, con cargo a presupuestos europeos, en la justificación de las ayudas prestadas por la Dirección General de Migraciones entre los años 2018 y 2020. Las ayudas, concedidas con cargo a los fondos europeos, estaban destinadas a la atención de ciudadanos extranjeros en España en materia de organización y coordinación de contrataciones, asesoramiento en información sociolaboral y visita a alojamientos.
La complejidad de la investigación ha radicado en la extensión temporal del fraude, así como en su extensión a nivel nacional, el colectivo afectado y la naturaleza de los fondos implicados. Además, la Intervención General de la Administración del Estado ha colaborado en el cotejo exhaustivo de documentos y el análisis de datos.
Se trata de la primera explotación operativa a nivel nacional en materia de fraude de subvenciones europeas instruida por la recién creada Fiscalía Europea.
