El informe presentado al Congreso reúne los testimonios de 487 víctimas a nivel nacional. El Defensor pide crear un fondo estatal para compensarlas
La respuesta de la Iglesia sobre los abusos sexuales en su seno ha sido "insuficiente". En la mayoría de los casos fue de negación, ocultación de los agresores y dilatoria. Es unas de las conclusiones de la investigación que el Congreso le encargó al Defensor del Pueblo y que ha entregado este viernes a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.
El informe recoge que en la Región de Murcia se han registrado al menos dieciocho casos de abusos sexuales a menores aunque no descarta que la cifra sea mayor. De estos, tres se corresponden a abusos a mujeres, catorce a hombres y uno más que no queda especificado por sexo en el informe.
Según los datos ofrecidos por la Diócesis de Cartagena, que aseguró tener constancia tan solo de ocho casos, uno de ellos ocurrió entre 1969 y 1979, cuatro tuvieron lugar entre 1980 y 1999 y otros cuatro, entre el año 2000 y la actualidad. Además, también indicó que de los ocho agresores que reconoce el Obispado, siete eran sacerdotes y uno laico.
Un informe que contiene una encuesta que arroja un dato preocupante: un 0,6% de la población española mayor de 18 años, es decir, unas 236.000 personas, ha sufrido abusos sexuales en la Iglesia por parte de algún sacerdote o religioso, según la encuesta de GAD3 encargada por el Defensor, Ángel Gabilondo, para el 'Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos',
Este trabajo reúne los testimonios de 487 víctimas. El 84 % de las víctimas entrevistadas fueron hombres, como la gran mayoría de sus agresores. Solo una pequeña parte de los acusados han sido juzgados por las autoridades civiles; la mayoría de ellos continuaron en sus puestos, fueron traslados y, en menor medida, juzgados por el derecho canónico.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha explicado que la actitud de la iglesia, dice ha sido "de ocultación y negación", e incluso de protección de los abusadores. No obstante, al mismo tiempo, apunta que también se han detectado buena prácticas en la Iglesia y reconoce "el coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida".
Por otra parte, también critica que los poderes públicos carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica en el pasado y señala que, solo muy recientemente, en el año 2021, se introdujeron mecanismos y procedimientos de prevención y detección para la totalidad de los centros educativos de titularidad pública o privada.
El defensor del pueblo recuerda también que el Derecho Canónigo ha mostrado "importantes déficits" en cuanto al derecho de las víctimas porque "no han sido ni son parte del proceso penal". En la justicia ordinaria las víctimas no siempre han visto compensado el daño con una indemnización suficiente ya que en pocos casos los obispados han sido considerados responsables subsidiarios.
En este sentido el Defensor del Pueblo propone la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas. El Informe propone una veintena de recomendaciones concretas. Entre ellas, se encuentran la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020 o la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas.
La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha decidido celebrar el próximo lunes una asamblea plenaria extraordinaria para estudiar el informe sobre los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia
En la cita estudiarán también la solicitud del despacho Cremades & Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega del estudio sobre los abusos que le encargó la propia CEE.
El despacho ha superado el plazo que le dieron los obispos en un ultimátum, que venció el pasado día 20 de octubre, y fuentes del mismo explicaron que el informe se presentará antes de que acabe el año, aunque en noviembre entregarán un resumen ejecutivo.
