Gobierno regional, agentes sociales e Inspección de Trabajo pactan el calendario previo a la firma de un nuevo Pacto contra la Economía Sumergida que renueve y corrija el que se ejecutó entre los años 2012 y 2014
Gobierno regional, Inspección de Trabajo y agentes sociales han pactado hoy el calendario que debe conducir -a finales de año o comienzos de 2024- a la firma de un nuevo Pacto contra la Economía Sumergida que renueve y corrija el que se ejecutó entre los años 2012 y 2014. El punto de partida será un estudio que el Consejo Económico y Social encargará a la Universidad de Murcia para tratar de hacer un diagnóstico de situación. Todas las partes implicadas asumen que no será una tarea fácil, pero desde los sindicatos se sostiene que si las administraciones colaboran y comparten datos es posible detectar la actividad irregular.
Eso es lo que argumenta el Secretario de Empleo de CCOO en la región, Víctor Romera: de la misma forma que la guardia civil es capaz de detectar la existencia de plantaciones de marihuana por el consumo de electricidad o agua, si las administraciones cruzaran los datos que ya tienen de las empresas podrían identificar a muchas de las que desarrollan al menos una parte de su actividad de forma irregular.
La colaboración de las administraciones, de la Agencia Tributaria, de la Seguridad Social, es esencial para eso. Pero también será decisiva la participación en el proceso de los Ayuntamientos. No hay que olvidar, dice Romera, que también son economía sumergida las obras que se hacen sin licencia municipal, o los locales que se abren sin los permisos oportunos. Son actividades económicas que eluden el pago de las tasas con las que los ayuntamientos financian luego los servicios públicos.
Desde hace nueve años, la región carece de un plan específico de lucha contra la economía sumergida que los sindicatos llevan tiempo reclamando. Aunque es difícil hacer estimaciones fiables, en los últimos meses se ha instalado entre ellos la sensación de que hay un repunte de este fenómeno, y algunos datos parecen reforzar esa percepción. Ya les contamos que la Inspección de Trabajo ha visto aumentar el número de trabajadores -presuntamente en situación irregular- que se dan a la fuga cuando los inspectores llegan a una explotación agrícola. En la Hostelería, CCOO hizo una encuesta entre trabajadores durante la reciente negociación del convenio: la mitad reconocieron que estaban en situación de fraude, porque trabajaban más horas que las que figuraban en sus contratos.
Sectores invisibles, dice Romera, como las empleadas del hogar que siguen trabajando sin contrato ni cotización y a las que es muy difícil localizar porque su centro de trabajo es un domicilio particular en el que no se puede realizar una inspección laboral al uso. Lo que los sindicatos reclaman también son garantías para los trabajadores que denuncian posibles irregularidades, porque muchos migrantes indocumentados que están siendo explotados no se atreven a alzar la voz ante la amenaza de ser expulsados del país.
