El Ministerio Público ha presentado una querella en los juzgados de Cartagena contra la actual presidenta del puerto, Yolanda Muñoz, y su antecesor, Antonio Sevilla, por presuntos amaños de contratos
La Fiscalía y la Policía Nacional investigan un presunto caso de corrupción en la Autoridad Portuaria de Cartagena que afecta a altos cargos del Partido Popular de la Región de Murcia
Onda Regional ha podido confirmar la investigación impulsada desde el Ministerio Público. Fiscalía ha presentado una querella en los juzgados de Cartagena contra la actual presidenta del puerto Yolanda Muñoz, y su antecesor en el cargo, Antonio Sevilla, un antiguo director general y una jefa de área, así como responsables de varias empresas.
Se estarían investigando unos hechos que serían constitutivos de prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias y revelación de secretos o uso de información privilegiada entre 2015 y 2021. Al parecer, ya en marzo del pasado año, agentes de la UDEF se personaron en las instalaciones de la Autoridad Portuaria para investigar una denuncia anónima sobre amaño de contratos en la época en la que Sevilla era presidente. Allí se tomó declaración a diferentes personas sobre los criterios que se habrían utilizado en la redacción de los pliegos de condiciones y en la adjudicación de contratos.
El juzgado de instrucción 1 de Cartagena deberá ahora decidir si admite a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción de Murcia contra la presidenta de la Autoridad Portuaria y su antecesor. Fiscalía pide practicar diligencias para aclarar si los querellados pudieron intervenir en operaciones que presentan indicios de prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias y revelación de secretos.
Entre esas prácticas figura facilitar información privilegiada a licitadores que participaron en concursos públicos y afectaría también a la contratación de personal. Las diligencias informativas abiertas por Fiscalía que han dado origen a la querella fueron incoadas por la UDEF, que llevó a cabo un registro en las oficinas portuarias el año pasado.
La Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) ha asegurado este viernes que colaborará con la Justicia, aunque ha puntualizado que, “a fecha de hoy, no ha recibido notificación” sobre el caso.
Ni la actual presidenta Yolanda Muñoz, ni su antecesor en el cargo Antonio Sevilla han querido pronunciarse sobre la querella. Desde el gabinete de prensa del puerto confirman que aún no han recibido ninguna notificación de los juzgados de Cartagena ni de la Fiscalía. Añaden que los procedimientos de contratación se realizan conforme a Ley y supervisados por la Abogacía del Estado y aseguran no tener conocimiento de los contratos a los que se refiere el Ministerio Fiscal.
CCOO y UGT en la Autoridad Portuaria se personarán como acusación particular en la causa. Ambos sindicatos ya denunciaron varias adjudicaciones de contratos supuestamente irregulares aunque desconocen si tienen que ver con lo que tramita la Fiscalía.
El delegado de Comisiones Obreras en el puerto, Diego Zaplana, anunciaba la personación en este caso por el que se señala a la presidenta del puerto Yolanda Muñoz, a su predecesor en el cargo, Antonio Sevilla y a varios jefes y cargos directivos.
Zaplana explicaba que hace más de un año denunciaron supuestas irregularidades en varias licitaciones, entre ellas la de la oficina de proyectos de digitalización, la del control de accesos y seguridad y otra relacionada con la compra de ordenadores.
