Nuestra Región sería, según este organismo, la segunda autonomía por detrás de Comunidad Valenciana con la tasa más alta
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fisca, la AIReF, prevé que la Región de Murcia sea una de las autonomías junto con Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Cataluña con más endeudamiento público en 2023. En términos relativos ese endeudamiento será del 34,4 % del Producto Interior Bruto, es la segunda tasa más alta por territorios, solo nos supera Comunidad Valenciana y está un punto por encima del nivel de deuda registrado al término del tercer trimestre del año pasado, con una deuda de la administración regional 11.557 millones de euros, según datos del Banco de España.
La diferencia entre el territorio más endeudado y el que menos es de 30 puntos. El vaticinio que realiza este organismo de control independiente es que, en términos generales, las comunidades van a reducir esta ratio de deuda respecto a 2021 y respecto a 2022, salvo Murcia que, según la AIReF, incrementará su deuda de 2023 respecto a la del año pasado. Cristina Herrero, presidenta de de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, explicaba que "una vez que el crecimiento económico deja de afectar de forma positiva y una vez que se retiren parte de las medidas que están propiciando la reducción del déficit, la tendencia será que la deuda se estabilice".
Herrero decía en unas jornadas organizadas por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas que nuestro país precisa una estrategia entre administraciones para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Esta pasa por la reforma de la fiscalidad en España y en ese sentido la presidenta de la AIREF daba un toque de atención a cuenta de la política fiscal: "hay un 'cortoplacismo' que impregna toda la fiscalidad porque solo importa cumplir unos objetivos anuales y esto no ha evitado que aumente la deuda ni en Europa ni a nivel subnacional".
En las próximas semanas la AIReF va a publicar unas recomendaciones financieras para garantizar la sostenibilidad de las finanzas del sector público de aquí a 2050.
