Es el cálculo desde que la CHS cortó el agua a regadíos ilegales. la El Gobierno regional descarta modificar la ley de Medidas Urgentes del Mar Menor porque su protección es una "línea roja" que no se va a traspasar
Los costes para la agricultura de regadío del Campo de Cartagena desde que Confederación Hidrográfica comenzó a cortar el agua a los propietarios de fincas sin concesión alcanzan los 3.500 millones de euros según la Fundación Ingenio, el principal lobby empresarial agroalimentario del Campo de Cartagena.
La aplicación de estas medidas cautelares acordadas por la CHS ha supuesto una adaptación por parte de los empresarios del Campo de Cartagena, en determinados parámetros, que ha hecho necesaria la inversión de 93 millones de euros.
El organismo de cuenca ha tramitado cerca de 600 expedientes sancionadores, en un área de casi 8.000 hectáreas, que han reducido la capacidad productiva en esta área de cultivo. Los empresarios y agricultores de la zona se quejan del exceso de regulación normativa para la agricultura entre estas exigencias y las que marca la Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor, explica la CEO de la Fundación, Natalia Corbalán.
Una encuesta realizada por GAD3 entre 1.000 ciudadanos de perfil urbano y rural de la Región de Murcia para esta fundación, determina que existe un descontento generalizado hacia la gestión de la Administración Estatal y autonómica en la Región de Murcia en este asunto, según María Marín, responsable de comunicación de GAD3.
Los sectores productivos de la Región de Murcia salen bien parados y la percepción sobre su trabajo es bueno. Además, el 50% de los encuestados cree que hay intereses para señalar como únicos responsables de la contaminación del Mar Menor a los agricultores.
El estudio señala, además, que más de la mitad de los encuestados determina como principal foco de contaminación de este espacio a los vertidos urbanos, procedentes de las depuradoras y las redes de saneamiento municipales de las localidades ribereñas, según Natalia Corbalán.
El Gobierno regional no está abierto a modificar ahora mismo la Ley de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor para incluir en el texto un reconocimiento también a los problemas que hay también con estos vertidos.
El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, aseguraba que la protección del Mar Menor no está en juego y que es una línea roja que no se va a traspasar.
La situación del Mar Menor, dice Ortuño, es mejor que hace un año, en salinidad, transparencia, turbidez u oxígeno, a pesar de que sigue entrando agua a través de la desembocadura de la rambla de El Albujón.
El Gobierno mantiene que el agua que se vierte a través de esta rambla sale del acuífero y no de procedencias urbanas.
La Plataforma Pacto Mar Menor recuerda a la Fundación Ingenio que sus teorías sobre el Mar Menor no están avaladas por la Ciencia sino por sus intereses económicos. El colectivo descalifica la encuesta del lobby agroalimentario y le reclama que ponga de su parte para resolver los problemas de la laguna.
El portavoz de Pacto Mar Menor, Ramón Pagán, señala que los vertidos de las aguas residuales son solo una parte muy pequeña de la contaminación de la laguna y así lo corroboran la evidencia científica. Pagán exige al lobby agroalimentario que contribuya a resolver el problema y deje de enredar a la opinión pública.
Los cálculos y argumentos de la Fundación Ingenio también han causado estupor en Ecologistas en Acción. Su portavoz, Pedro Luengo, dice que le resulta "cuando menos curioso" que un lobby empresarial defienda la competencia desleal de quienes han estado haciendo negocio gracias al aprovechamiento ilegal de un recurso tan escaso como el agua.
Luengo cree que sólo hay una explicación posible para tamaño dislate: que quienes sacaron partido de aquella ilegalidad sean ahora quienes mueven los hilos de la Fundación Ingenio. En cuanto a los resultados de la encuesta presentada hoy por la Fundación, Luengo argumenta que lo único que esos datos demuestran es que la estrategia de manipulación de la opinión pública puesta en marcha por la propia Fundación puede haber tenido un cierto nivel de éxito.
Eso no cambia lo esencial: las soluciones para el Mar Menor "tienen que fundamentarse en los estudios científicos independientes y no en lo que la gente opine o crea". Y la ciencia ha demostrado "que el origen de la mayor parte de los nutrientes que contaminan la laguna es la actividad agrícola", recuerda Luengo.
