CCOO y UGT anuncian un preacuerdo que permitirá reducir la jornada laboral de manera escalonada hasta llegar a las 35 horas semanales: 1 hora a partir de junio y la hora y media restante en 2024
CCOO y UGT han alcanzado un preacuerdo, tras estar negociando desde diciembre con el Ejecutivo regional, para recuperar escalonadamente entre este año y el próximo la jornada de 35 horas semanales para los cerca de 60.000 empleados públicos. Esta reducción de jornada supondrá también recuperar unos 3.000 empleos.
Todos los empleados públicos verán reducida su jornada en una hora semanal el próximo 1 de junio, y la hora y media restante el 1 de junio de 2024, salvo en Educación, donde por motivos organizativos las mismas reducciones se realizarán al comienzo de cada curso escolar, hasta quedar en 35 horas semanales.
El secretario regional de UGT, Antonio Jiménez, dice que ambos sindicatos han respondido a la voluntad negociadora mostrada por el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, teniendo en cuenta las necesidades organizativas y presupuestarias de recuperar la jornada de 35 horas.
El preacuerdo ha sido negociado exclusivamente por CCOO y UGT, por lo que los sindicatos piden que se convoque cuanto antes la Mesa General de la Función Pública para que puedan sumarse cuantos sindicatos lo estimen conveniente, ha explicado Santiago Navarro, secretario regional de CCOO.
El consejero se comprometió a enviar a las centrales el documento la semana pasada, pero aún no ha llegado. CCOO y UGT confían en que el gobierno cumpla su compromiso cuanto antes.
Por su parte, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno murciano, Marcos Ortuño, ha asegurado este jueves que las negociaciones con los sindicatos para la reducción de la jornada laboral de los funcionarios a 35 horas semanales sigue abierta y “el acuerdo no está cerrado”.
Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Sin embargo, Ortuño ha insistido en que el Gobierno sigue negociando “con todos los sindicatos” pero “no hay acuerdo cerrado”, sino solo “propuestas que habrá que valorar y tener en cuenta”.
El portavoz ha apuntado a que la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos es una medida “con un elevado coste económico” y que “implica un esfuerzo presupuestario importante” para una comunidad autónoma “infrafinanciada” por el estado, por lo que es preciso “valorar la viabilidad” y el impacto real de la propuesta.
