Los sindicatos están citados mañana a negociar con el Ministerio para tratar de llegar a un acuerdo en los servicios mínimos que se aplicarán para las jornadas de protesta a partir del 4 de mayo
Las huelgas parciales de los funcionarios de la Administración de Justicia han provocado hasta ahora en la región la suspensión de casi un millar de juicios y vistas, que vienen a sumarse a las más de 13.000 actuaciones judiciales bloqueadas durante los más de dos meses que se prolongó la huelga indefinida de los miembros del cuerpo de Letrados. Los sindicatos están citados mañana a negociar con el Ministerio, aunque sólo para tratar de llegar a un acuerdo en los servicios mínimos que se aplicarán para las jornadas de protesta que tendrán lugar a partir del 4 de mayo. Un día antes, el Ministerio tratará de desactivar otra movilización, esta vez de jueces, magistrados y fiscales, que está fijada para mediados del mes que viene.
En estas condiciones, la decana del Colegio de Procuradores de la Región, María Dolores Cantó, reclama un esfuerzo conjunto de todos los implicados para corregir una situación de colapso que está alimentando la pérdida de confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia.
Cantó explica que el encadenamiento de protestas ha dejado prácticamente sin efecto la orden que el Tribunal Superior de Justicia dictó al término de la huelga de letrados para tratar de recuperar el terreno perdido.
Los procuradores lo sufren directamente, porque sus despachos están paralizados y mientras los procedimientos no se cierren ellos tampoco pueden facturar a sus clientes. Clientes que, según la Decana del Colegio, reaccionan con impotencia cuando ven cómo un juicio o una vista que llevaban mucho tiempo esperando (habitualmente en torno a un año) vuelve a suspenderse.
María Dolores Cantó no entra a valorar si hay o no justificación para estas protestas, aunque reconoce que las comunidades como Murcia en las que no están transferidas las competencias en Justicia, cuentan con unas condiciones de medios y personal deficitarias que obligan a todos los operadores a realizar un sobreesfuerzo personal que no está compensado económicamente. Lo que tiene muy claro es que este retraso va en contra de los intereses de todas las partes y que sólo con la colaboración de todos se podrá volver a la situación de partida, aunque eso llevará al menos 9 o 10 meses. De momento, lo que resulta más urgente es establecer un mecanismo para liberar el dinero consignado para el pago de indemnizaciones o pensiones en procedimientos de familia.
La otra medida imprescindible pasaría por ser capaces de comunicar con antelación qué vistas serán suspendidas. Dice que bastaría con "apretar un botón" para comunicarlo a los procuradores y evitar desplazamientos innecesarios de sus clientes, pero también de testigos o peritos.
