Abogados, procuradores y graduados sociales han secundado una protesta convocada a nivel nacional para exigir una resolución de la huelga de los funcionarios y que se reanuden sus servicios
REDACCIÓN | PATRICIA JIMÉNEZ | AGENCIAS
Los profesionales de la Abogacía se han manifestado este miércoles ante varios juzgados del territorio nacional por las huelgas que se suceden desde el pasado enero, primero la de los Letrados de Justicia (LAJ) y después la de los funcionarios. Unas protestas en las que han reclamado una solución "inmediata" a la "parálisis del servicio público" al considerar que se trata de "una cuestión de Estado".
En un comunicado, el Consejo General de la Abogacía Española ha incidido en que "miles de abogados y abogadas" se han concentrado para reclamar la "reactivación inmediata" en una serie de manifestaciones en las que se ha leído un "manifiesto" en el que se lamenta que se sigan "suspendiendo continuamente decenas de miles de vistas, en la mayoría de los casos sin previo aviso, dejando miles de notificaciones sin tramitar, una cuenta de consignaciones y depósitos judiciales paralizada, y señalamientos fijados ya para fechas tan irrazonables como el año 2027".
En Yecla lo han hecho bajo el lema 'En defensa de la ciudadanía la justicia, la abogacía y la procuraduría'. Fernando Alonso, procurador, ha recordado que ellos son quienes reciben "las quejas de la ciudadanía por la lentitud de la administración de la Justicia".
Señala que no tienen la solución para el mal funcionamiento de la administración de justicia que, según el abogado Rafael López Prats, vulnera el Derecho Fundamental a la Tutela Judicial Efectiva de la ciudadanía. Además, incide López Prats, el maltrato a la justicia "se intensifica en el turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita".
Abogados y procuradores piden "la reactivación inmediata del servicio público de Justicia, paralizado desde enero, y un pacto de Estado", ha añadido el abogado Felipe Ortuño.
En Lorca, medio centenar de abogados han secundado este miércoles a las puertas de su sede colegial la protesta nacional de su colectivo contra la paralización de la Justicia. Su decano, Ángel García Aragón, ha dicho que la situación es “límite” y que en muchos despachos de abogados de la ciudad la facturación ha caído un 90 por ciento en lo que va de año.
Los manifestantes, vestidos con las togas, se han parapetado tras una pancarta con el lema “La Justicia es una cuestión de Estado” y han lucido cartulinas y paraguas con lemas como “Respeto”, “Dignidad” y “Justicia Soluciones”. García Aragón ha dado lectura al manifiesto común que se ha pronunciado este miércoles en las 83 ciudades con Colegio de Abogados y sobre la situación particular de Lorca ha destacado que hay 3.000 demandas sin tramitar y que se suspenden cien asuntos judiciales al día.
Protesta también en Murcia, donde los 200 abogados, procuradores y graduados sociales que han secundado una concentración vestidos con togas, han reclamado que se reanuden cuanto antes los servicios "porque se está incumpliendo un deber constitucional como el derecho a la tutela judicial efectiva", ha señalado el decano del Colegio en Murcia, Francisco Martínez-Escribano, quien también ha exigido "un pacto de Estado de justicia para que independientemente del partido que gobierne se preserve su legítimo y correcto funcionamiento".
A su juicio, la postura del ministerio "es impresentable, porque no hace nada para que la tutela efectiva se cumpla" en una comunidad en la que puede haber más de 150.000 casos afectados de ámbitos como el laboral, del que ha puesto como ejemplo el de un despido colectivo de 12 o 13 trabajadores que llevan sin cobrar su sueldo 5 meses y están a la espera de que se resuelva el caso para poder recibirlo.
A esta protesta en Murcia, los empleados públicos han respondido con una concentración en el mismo lugar para recordarles que es el Gobierno español el que no se quiere sentar a negociar. La funcionaria y sindicalista de Comisiones Obreras María Josefa Espí ha criticado que el decano de los abogados de Murcia dijera la semana pasada que había "una falta de sensibilidad de los funcionarios hacia los ciudadanos" y les atribuyera la misma responsabilidad que al Ministerio de Justicia, cuando este último "se niega a negociar".
Ha pedido perdón a la ciudadanía por los perjuicios que pueda causar la huelga indefinida que comenzó el 17 de mayo para un colectivo de 1.500 funcionarios en la comunidad murciana y recordado que lo que están pidiendo no es solo una subida salarial, sino también que se le reconozcan labores profesionales que realizan pese a no ser de su competencia.
En este sentido, la representante de la Central Sindical Independiente de Funcionarios de Murcia, Arantza Bilbao, ha esgrimido que lo que le molesta a los jueces, letrados y abogados es que los huelguistas hayan levantado la alfombra y sacado a la luz disfunciones de la justicia española que en algunos casos podrían considerarse delictivas.