En asambleas celebradas en toda España, los trabajadores han votado para recrudecer sus protestas en pre-campaña y campaña electoral
Para hacerse escuchar en la Asamblea, los funcionarios de la Justicia en huelga han trasladado allí sus reivindicaciones. Con pancartas y bocinas se han manifestado en la puerta del parlamento.
En asambleas celebradas en toda España, los trabajadores han votado para recrudecer sus protestas en pre-campaña y campaña electoral, según indica Aranzazu BILBAO, de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
Alrededor de un centenar de funcionarios de la administración de Justicia se ha concentrado este martes ante el Ministerio que dirige Pilar Llop tras decidir por una mayoría "aplastante" seguir con la huelga indefinida que mantienen desde el pasado 22 de mayo para exigir mejoras salariales y laborales.
Los trabajadores se mostraron este lunes "a favor de conseguir reconocimiento profesional y acabar con el clasismo" del que los sindicatos acusan al Ministerio de Justicia, y "exigieron" a sus representantes sindicales en asambleas de todo el país continuar con el paro para forzar el diálogo ahora roto, ha explicado a los medios el portavoz de CCOO, Javier Hernández.
Mientras, en un acto en Vigo, Llop ha aludido al "momento complejo" actual -con la formación de nuevos gobiernos autonómicos tras las elecciones del 28 de mayo y con las generales en poco más de un mes- para negociar "cualquier aumento en las retribuciones", que tendría que ser consensuado con las 12 comunidades autónomas con las competencias de Justicia transferidas: todas, menos Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Ceuta y Melilla.
Frente al "trato denigrante e inhumano" del Ministerio hacia los funcionarios que ha denunciado el portavoz de CSIF, Juan Carlos Ferreiro, Llop ha asegurado que su departamento es "absolutamente sensible" y "entiende las reivindicaciones" de los huelguistas, aunque les ha pedido que eviten "maximalismos" y ha recordado el "daño grande" que genera la huelga.
Una responsabilidad que para los trabajadores es solo del Gobierno, al que exigen un "interlocutor válido", tras la "espantada" del secretario de Estado de Justicia, Tonxtu Rodríguez, en la última reunión mantenida en el Ministerio el martes de la semana pasada.
Este último encuentro de los tres que han mantenido ambas partes, en el que la única "oferta" que hizo el Ministerio fue retomar las negociaciones cuando se constituyan los nuevos gobiernos, desembocó en un encierro de cinco sindicalistas durante tres días en la sede del Ministerio para forzar el diálogo.
En las asambleas celebradas este lunes, el apoyo a mantener la huelga fue prácticamente unánime en territorios como la Comunidad de Madrid (93,5 % de votos a favor), Asturias (91,4 %) y Murcia capital (91,1 %), y solo se rechazó en Valencia (65 % a favor de aplazarla), Córdoba (56,5 %) y Huelva (51 %), según informaron fuentes sindicales.
Además, los sindicatos han anunciado nuevas movilizaciones y manifestaciones, como la que previsiblemente se celebrará la semana del 26 de junio que "debería terminar en Moncloa", según Hernández, de CCOO.
Un total de 45.000 funcionarios de los cuerpos generales y especiales de la administración de Justicia están llamados a la huelga desde el pasado 17 de abril, cuando se iniciaron paros parciales. Las protestas se intensificaron el 22 de mayo con un paro indefinido para aumentar la presión sobre Justicia.
Los funcionarios reclaman una subida salarial de entre 350 y 430 euros brutos mensuales, así como la negociación de cualquier nueva ley que plantee "modificaciones que afecten a las condiciones de trabajo".
