Más de 2.000 profesionales de toda España han participado en la votación, en la que el 75% está de acuerdo con la oferta ministerial, que contempla una subida salarial de entre 430 y 450 euros brutos mensuales
LETICIA G. ÁLVAREZ/ PACO MARTÍNEZ
El Comité de Huelga de los letrados de la Administración de la Justicia y el Ministerio ponen fin la huelga que mantienen desde hace más de dos meses después de que la gran mayoría del colectivo haya votado a favor de la propuesta gubernamental.
Más de 2.000 profesionales de toda España han participado en la votación, en la que el 75% está de acuerdo con la oferta ministerial. Con este paro se exigía la adecuación del sueldo conforme a la mayor carga laboral que asumieron hace ya más de una década.
Lo que se sabe del acuerdo entre el ministerio y los letrados de la Administración de Justicia -que podría firmarse este martes- es que estos profesionales recibirán un complemento mensual en sus nóminas de entre los 430 y los 450 euros brutos, según los diferentes niveles y funciones. Se aplicaría en tres tramos: un 40% ahora, con efecto retroactivo; otro 40% en enero de 2024 y el 20% restante en julio de ese mismo año.
Mar Garcerán, delegada territorial de la Unión Progresista de Letrados de Justicia, dice que tan pronto se desconvoque el paro retomarán su trabajo. Habrá que diseñar un plan para contrarrestar los efectos de la huelga que ha provocado la suspensión de 13.000 actos judiciales en la Región. Los letrados, dice, quieren contribuir a su solución.
Los letrados de la Administración de la Justicia de la Región han votado a favor de poner fin a la huelga que mantienen desde hace más de dos meses. Dicen que no es el preacuerdo perfecto pero el fin de este paro está "más cerca que nunca". Añaden los letrados que habrá que diseñar un plan para revertir la suspensión de acciones judiciales y que quieren ser parte de la solución.
Con este paro se exigía la adecuación del sueldo conforme a la mayor carga laboral que asumieron hace ya más de una década. El viernes se llegó a un principio de acuerdo y hoy están votando las asambleas territoriales. La de la Región ha votado poner fin a la huelga, según ha explicado a Onda Regional Mar Garcerán, delegada territorial de la Unión Progresista de Letrados de Justicia.
Precisamente este lunes hemos conocido que la semana pasada dejó otras 903 actuaciones judiciales en la Región de Murcia sin celebrar; que, sumadas a las paralizadas desde el día 24 de enero, que se inició el paro, arrojan un total de 13.904 juicios, vistas y otras diligencias suspendidas hasta el pasado viernes en los juzgados y tribunales de los once partidos judiciales de la Región de Murcia.
Comisiones Obreras considera que el acuerdo que el gobierno central ha alcanzado con las organizaciones profesionales de los letrados de justicia es un atentado a la dignidad profesional del resto de trabajadores y propone iniciar una campaña de movilizaciones para reclamar un trato similar para los demás cuerpos de la Administración de Justicia.
Comisiones cuenta que las mismas reclamaciones que ahora han sido aceptadas para los letrados formaban parte de una plataforma de negociación que afectaba al conjunto de los trabajadores de la Administración de Justicia que fue rechazada hace un año por el Ministerio de Hacienda. La responsable del sector de CCOO en Murcia, Flora Martínez, considera inaceptable esta diferencia de trato y explica que, a partir de mañana mismo, llevarán a las asambleas de trabajadores una propuesta para iniciar movilizaciones.
Hay otra cuestión de fondo: todos los sindicatos representados en la Mesa Sectorial de Justicia ya avisaron el viernes al Ministerio de que no podía cerrar una modificación de las condiciones de trabajo en una negociación con una organización profesional que sólo representa a una minoría del personal. Menos aún si la negociación se producía -como así ha ocurrido- al margen del único ámbito legítimo para alcanzar este tipo de acuerdos, que es precisamente la mesa sectorial.
Los letrados son uno de los cuerpos minoritarios de la Administración de Justicia, en la que son mucho más numerosos los funcionarios pertenecientes a las escalas de gestión, tramitación o ayuda judicial. Profesionales, dice Flora Martínez, a los que se les ha impedido trabajar durante estos dos meses de huelga y que ahora no están dispuestos a asumir sin más la carga extra que han generado unos compañeros que sólo han mirado por ellos mismos.
