Los juzgados murcianos recibieron 7.904 denuncias el pasado año, lo que supone un aumento del 17%, frente al incremento del 10% de media en España. Es la segunda comunidad con mayor tasa de víctimas
Las denuncias por violencia de género aumentaron en la Región de Murcia un 17% en 2022 con respecto al año anterior, frente al incremento del 10% registrado de media en el conjunto del país, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
Así, en 2022 los juzgados murcianos recibieron un total de 7.904 denuncias, lo que supone algo más de 20 denuncias diarias. En ellas, el 63% de mujeres víctimas eran españolas y el 37% de otras nacionalidades, explican fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJMU) en un comunicado.
La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 72,9 en toda España, casi siete puntos más alta que en 2021. Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una ratio de 110,3; Murcia, con 103,4; Comunidad Valenciana, con 95,6; Canarias, con 88,2; Andalucía, con 86,3 y Madrid, con 75,8. Las tasas más bajas se contabilizaron en Castilla y León, con 46,8 víctimas por cada 10.000 mujeres; Galicia, con 49,6; el País Vasco, con 53,5; La Rioja, con 53,6, y Asturias, con 53,9.
Mas de siete de cada diez denuncias (76,2%) fueron presentadas por las propias víctimas, bien en el juzgado o en comisaría, cifra que sigue siendo muy superior a la de las denuncias presentadas por el entorno de la víctima, un 2,6%. Las denuncias derivadas directamente de atestados policiales representaron el 14,93%; las originadas por partes de lesiones, el 6% y las presentadas por terceras personas o servicios de asistencia, el 0,8%.
El porcentaje de mujeres víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar descendió un 14,3% respecto a 2021. Durante 2022 fueron 533 las 7.904 víctimas, el 7% del total --frente al 9% de 2021--, que renunciaron a prestar declaración contra sus agresores. De ellas, 300 eran españolas y 233 extranjeras.
El pasado año, los órganos especializados murcianos (juzgados con competencia en violencia sobre la mujer) incoaron 1.228 órdenes de protección, un 2,4% más que en 2021, de las que acordaron 1.228 (un 79% de las solicitadas); y dictaron 1.653 sentencias, un 19,5% más que el año anterior. El 96,8 % de esas resoluciones contenían un fallo condenatorio. Otros 3.144 procedimientos se sobreseyeron de forma provisional.
Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 6.271 medidas judiciales penales de protección de las víctimas --mujeres y menores--. En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (2.241), que representaron el 36% y la prohibición de comunicación (2.069), un 33% del total.
Por otra parte, los órganos judiciales dictaron 2.151 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (604), que representaron el 28% del total de medidas civiles adoptadas, y las relacionadas con la atribución de la vivienda (449), el 21% del total.
No obstante, las medidas civiles consistentes en la suspensión del régimen de visitas, dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer para proteger a los hijos e hijas de las víctimas, mantuvieron la tendencia al alza mostrada desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Así, durante 2022, los órganos judiciales adoptaron 538 medidas de este tipo, un 189 % más que en 2021, año en el que sumaron 285.
También aumentó la medida civil consistente en la suspensión de la guardia y custodia: las 273 medidas de este tipo representan el 13% del total de medidas civiles acordadas en 2022. Los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron suspendieron la patria potestad en 47 casos.
El pasado año, el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales) en procesos relativos a violencia de género aumentó en casi dos puntos y se situó en el 77,45% del total.
El número total de sentencias dictadas en 2022 fue de 2.513 y, de ellas, 2.212 (84,4%) fueron condenatorias y 301 (19,9%), absolutorias.
El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo, como en años anteriores, en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 96,8%, y en las audiencias provinciales, con el 86,7% del total de sentencias dictadas. Los juzgados de lo penal impusieron condenas en el 70,9% de los casos enjuiciados.
Por su parte, los juzgados de menores enjuiciaron por delitos de violencia sobre la mujer a 17 menores de edad, todos menores españoles. En los 17 procedimientos se impusieron medidas.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, ha afirmado que hay que ser "muy prudentes" a la hora de valorar los principales datos de la violencia machista correspondientes a 2022, pues el importante incremento tanto del número de víctimas (175.858, un 10,35% más que en 2021) como del número de denuncias (181.465, 11,43% más) muestran "de forma contundente que la violencia machista sigue, desgraciadamente, muy presente en nuestra sociedad".
El BOE publica hoy el convenio de colaboración entre el ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma que permitirá compartir y coordinar información policial, judicial y penitenciaria para proteger a las víctimas de violencia de género. La consejera atribuye a una mayor conciencia social el incremento de las denuncias por violencia machista.
El acuerdo, suscrito el 23 de febrero, está en vigor desde hoy y supondrá la incorporación de la Administración Regional al denominado Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género. En virtud de este convenio, los técnicos de la consejería de Política Social y los organismos que se ocupan de las víctimas, tendrá acceso a la aplicación informática del sistema lo que permitirá compartir información policial, judicial o penitenciaria sobre los agresores, valorar niveles de riesgo y realizar un seguimiento de las medidas de protección, según indica Conchita Ruiz, consejera de Política Social.
La consejera atribuye a una mayor conciencia social el incremento de las denuncias por violencia de género que sitúan a la Región en el segundo puesto de las autonomías con la tasa más alta del país. El año pasado fueron atendidas más de 26.000 mujeres en la red de recursos de la Comunidad Autónoma.
