José Carlos Sánchez de la Vega, economista y profesor del departamento de Economía Aplicada de la UMU, asegura que "el Gobierno puede estar mandando un mensaje de gasto sin límite a las autonomías"
El acuerdo de investidura que están negociando PSOE y Juns tiene su repercusión en la Región, bueno, en realidad, en todas las comunidades. La condonación de parte de la deuda de Cataluña con el Estado es la originada, explicaban fuentes socialistas, por la crisis financiera de 2008. Pero no será esa la única autonomía beneficiada sino todas aquellas que tuvieron que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica. En el caso de la Región de Murcia Murcia estaríamos hablando de unos 2.000 millones de euros de los alrededor de 9.800 millones que debe.
Ese cálculo equivale al 20% del total de la deuda que la Región de Murcia tiene con el Estado y coincide con las cifras que maneja el economista José Carlos Sánchez de la Vega, que en su momento representó a la Región de Murcia en el comité de expertos que debía proponer un nuevo modelo de financiación autonómica.
A él, la idea no le resulta nueva, porque en aquel comité de expertos fue precisamente la Región de Murcia la que propuso una condonación de la deuda contraída con el Estado como mecanismo para compensar a las regiones que resultaban peor tratadas por el sistema de financiación. Por eso, analizando la medida en sí y sin entrar en el procedimiento seguido para llegar hasta ella, a Sánchez de la Vega le parece que es beneficiosa para esta comunidad.
Recordaba Sánchez de la Vega que, en aquel momento, la propuesta que Murcia abanderaba se encontró con la oposición frontal de la Comunidad de Madrid, que bloqueó cualquier posibilidad de acuerdo.
Ahora, a la medida que está sobre la mesa, la que aparece contenida en el acuerdo entre PSOE y Esquerra Republicana, Sánchez de la Vega le pone dos grandes pegas. La primera, es de procedimiento, porque cree que hubiera sido deseable una negociación con la participación de todas las Comunidades Autónomas. Lo que no le parece tan claro, ni mucho menos, es que eso pueda provocar dudas sobre la legalidad del pacto.
La otra pega que este experto plantea tiene que ver con la verdadera utilidad de una quita de deuda pública de esta naturaleza. Desde su punto de vista, mientras no se acometa un cambio en el sistema de financiación, puede que sirva de muy poco, porque a las comunidades infrafinanciadas como Murcia no les quedará otro remedio que seguir contrayendo deuda con el Estado para cubrir sus necesidades.
A la Región de Murcia le viene bien que le condonen parte de la deuda que tiene contraída con el Estado, aunque lo ideal hubiera sido que fuera fruto de un acuerdo entre todas las partes implicadas y que llegara acompañada de una reforma del modelo de financiación autonómica. Porque sobre esto último, sobre las posibilidades de definir un nuevo sistema, Sánchez de la Vega, no se muestra nada optimista. Hasta el punto de considerar que es casi imposible encontrar una solución para este problema. No es que las autonomías gobernadas por el PP y las del PSOE sean incapaces de ponerse de acuerdo. Es que dentro de cada bloque ideológico hay posiciones enfrentadas e irreconciliables,asegura.
El principal obstáculo radica en que las comunidades que se han visto beneficiadas por el actual sistema no quieren ingresar menos de lo que han venido ingresando hasta ahora. Y eso supone que las peor paradas, aunque consiguieran mejorar su posición, no llegarían nunca a alcanzarlas y la desigualdad entre territorios se mantendría.
De esta forma queda una última posibilidad sobre la mesa, la de que el Estado condone toda la deuda pública de las Comunidades Autónomas, no sólo una parte. ¿Eso es posible?. Es posible, nos dice Sánchez de la Vega, aunque en su opinión no sería deseable. Desde un punto de vista estrictamente técnico, que el Estado asuma, por ejemplo, toda la deuda de Murcia sólo supone cambiar la titularidad de esa deuda pública. No es un problema para la solvencia de las cuentas públicas de España e incluso podría ofrecer ventajas a la hora de refinanciarla. El problema es el mensaje que se envía a las Comunidades Autónomas, porque en la deuda acumulada hay también una parte que es resultado de una mala gestión económica.
