El pacto incluye una ley de amnistía que admite 'lawfare' contra independentistas. Puigdemont condiciona la estabilidad de la próxima legislatura a los avances de lo pactado
REDACCIÓN | AGENCIAS
PSOE y Junts han firmado este jueves el acuerdo de investidura para hacer presidente al candidato socialista, Pedro Sánchez, después de varios días de negociaciones en Bruselas.
El acuerdo firmado entre ambas formaciones incluye la amnistía para casos de la denominada "lawfare" o judicialización de la política, tal y como había venido reclamando la formación independentista catalana. Así lo recoge el texto de ese acuerdo que han suscrito en Bruselas el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull. La ley de amnistía ha sido el principal escollo para el acuerdo, y finalmente, ambos partidos la defienden "para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato".
Los dos partidos se han comprometido a que la ley incluya tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos.
El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmado este jueves que el acuerdo de PSOE y Junts abre una etapa inédita que "se deberá saber explorar y explotar" y ha condicionado la estabilidad de la próxima legislatura a los avances de lo pactado. "Se condiciona la legislatura a los avances y no solo a los cumplimientos" del pacto con el PSOE, ha afirmado Puigdemont, que ha comparecido ante cerca de medio centenar de periodistas en el mismo lugar donde apareció por primera vez públicamente tras llegar a Bélgica en octubre de 2017, el Press Club Brussels Europe, en el barrio europeo de Bruselas.
Flanqueado por la bandera de Cataluña y la de UE, Puigdemont ha estado también acompañado por la cúpula de Junts, que se ha desplazado a Bruselas para conocer los detalles de los acuerdos, incluidos el secretario general del partido, Jordi Turull, que ha firmado el texto junto a Cerdán.
Puigdemont ha añadido que "sin acuerdos y sin cumplimientos, la legislatura no tiene ningún recorrido. El 'a cambio de nada' ha ido a la papelera de la Historia". Así, ha dejado claro que el apoyo a proyectos como los Presupuestos Generales del Estado y otros relevantes conllevarán que se avance a través de una "negociación permanente que tenga resultados y se cumplan a lo largo de la legislatura".
"Se debe avanzar. No puede ser que no pase nada", ha advertido el expresidente, tras reivindicar que el acuerdo con el PSOE no les ha implicado pasar página, como asegura que pretenden algunos, en alusión implícita a ERC. Tampoco han necesitado pedir perdón, según Puigdemont, que ha defendido haber mantenido la posición al comprometerse con un proceso de negociación para resolver el conflicto.
El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha ofrecido una rueda de prensa en el hotel Sofitel de la capital belga. y ha explicado que la futura amnistía cubre a todas las personas relacionadas "directa o indirectamente" con el procés independentista "entre 2012 y 2023".
El anuncio llega días después de días de largas e intensas negociaciones entre ambas formaciones, que en los últimos días se han centrado en desencallar algunas diferencias en el redactado de la ley de amnistía y en definir su alcance. El objetivo del acuerdo, según ambas partes, es asegurar que la ley no tenga fisuras y pueda superar el trámite parlamentario y el examen al que previsiblemente la someterá el Tribunal Constitucional.
En este sentido, señalan que "las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto "lawfare" o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".
El expresident Carles Puigdemont ha venido exigiendo que la ley de amnistía se aplicara a estos casos que, según ha denunciado, implican " un uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes".
Junts ha propuesto en el acuerdo con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el "futuro político de Cataluña", mientras los socialistas señalan que defenderán el "amplio desarrollo" del Estatut de 2006.
En el pacto figura la puesta en marcha de un "mecanismo internacional" entre ambas organizaciones para "acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos" a los que lleguen. En ese marco, las dos formaciones señalan que concretarán los contenidos de los acuerdos a negociar, según consta en el documento difundido por el PSOE.
Junts ha avanzado que propondrá, en la primera reunión de negociación este mismo mes de noviembre, la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña "amparado en el artículo 92 de la Constitución".
Al respecto, el PSOE señala que "defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña".
El documento contempla que Junts pida "la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya" a la Generalitat. El pacto de investidura reseña algunas propuestas del lado de Junts, como es, "en el ámbito de los déficits y limitaciones del autogobierno", que esta formación "propondrá de entrada una modificación de la LOFCA" (la norma que regula la financiación de las autonomías) "que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat".
En virtud de esta singularidad, Junts propondrá "la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya", dice el documento.
"Y, por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya", añade el documento.
El acuerdo suscrito este jueves por PSOE y Junts sostiene que la propuesta para la organización de una consulta sobre la independencia de Cataluña o en materia fiscal, en alusión al plan de concierto económico formulado por el expresidente Artur Mas, se hizo desde la "lealtad" y el "marco legal vigente". En este sentido reprocha que el Gobierno del PP no accediera a una negociación política como respuesta ante el 'procés'.
A su vez, relata que una parte importante de la sociedad catalana se movilizó a favor de la independencia tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que anuló las referencias a la realidad nacional de Cataluña y al concepto de nación.
También alude a las "reivindicaciones y demandas con un profundo recorrido histórico", que adoptaron diferentes formas desde la culminación de los 'Decretos de Nueva Planta', en referencia a la abolición impulsada por Felipe V (entre 1707 y 1716) de las normas propias del antiguo Principado de Cataluña.
El pacto remarca que el fallo del Constitucional de 2010 conllevó que Cataluña fuera la única comunidad con un estatuto que no fue votado "íntegramente" por su ciudadanía, lo que originó entonces como reacción la sucesión desde 2015 de diversas mayorías absolutas parlamentarias independentistas en el Parlament, así como "movilizaciones masivas de signo independentista".
Luego, ahonda que en ese periodo se aprobaron diferentes propuestas por parte del Parlament y del Govern catalán en materia fiscal, así como la solicitud de "delegación de la competencia para la autorización de refrendos o la organización de una consulta al amparo de una ley autonómica".
"Lamentablemente, los gobiernos de entonces no favorecieron la negociación política y ninguna de estas propuestas, hechas desde la lealtad y el marco legal vigente, fue considerada", ahonda el texto.
En esta línea y tras estos hechos, el acuerdo entre Junts y PSOE detalla que las instituciones catalanas promovieron, primero, una consulta popular el 9 de noviembre de 2014 y, después, el referéndum de independencia el 1 de octubre de 2017, ambos suspendidos y posteriormente anulados por el TC "con una participación masiva enfavor de la independencia de Cataluña".
Y recoge que el intento del entonces Gobierno del PP de impedir el referéndum dio lugar a "imágenes que impactaron a todos dentro y fuera de nuestras fronteras", junto a la aprobación del artículo 155 de la Constitución española para suspender temporalmente la autonomía de Cataluña, destituir al Govern, disolver el Parlament y convocar elecciones anticipadas con una nueva mayoría independentista.
Asimismo, el pacto incide en que el fallo contra parte del Estatut es un hito clave en el conflicto, pues con el texto inicial que refrendó la sociedad catalana se buscaba "tanto el reconocimiento de Cataluña como nación como la solución a las limitaciones del autogobierno y a los déficits acumulados".
"Reivindicaciones y demandas con un profundo recorrido histórico yque han adoptado diferentes formas desde que los 'Decretos de Nueva Planta' abolieron las constituciones e instituciones seculares de Cataluña. Unas reivindicaciones donde las cuestiones lingüísticas, culturales e institucionales han tenido un papel destacado,especialmente en periodos en los que estas fueron objeto de una limitación legal severa e incluso de una prohibición o persecución activa", profundiza el acuerdo.
Es más, recoge que esa "complejidad histórica y política" de estascuestiones ha conllevado que una "parte relevante de la sociedad catalana no se haya sentido identificada con el sistema político vigente en España".
El acuerdo firmado entre PSOE y Junts prevé abordar la elaboración de un plan que facilite y promueva el regreso a Cataluña de las sedes sociales de las empresas que se mudaron a otros territorios en los últimos años, fundamentalmente a raíz del referéndum independentista de octubre de 2017.
Miles de empresas decidieron trasladar fuera de Cataluña sus sedes sociales a raíz de la crisis política e institucional que se desencadenó en Cataluña en octubre de 2017, entre las que se encontraban algunas tan simbólicas como CaixaBank, Banco Sabadell o Naturgy. CaixaBank trasladó su sede a Valencia; Banco Sabadell, a Alicante, y Naturgy, a Madrid.
Abertis, Cellnex, Colonial, SegurCaixa, Applus+, Catalana Occidente, eDreams, Banco Mediolanum, la cooperativa Arquia Banca o Cementos Molins fueron otras de las empresas que decidieron mover su sede social fuera de Cataluña en aquellos momentos.
La crisis política también llevó a otras grandes compañías familiares catalanas a trasladar su domicilio social a otras comunidades, entre ellas Codorniu, Idilia Foods, Hotusa, Indukern o un gigante del sector editorial como Planeta, y el movimiento también se extendió a empresas extranjeras como Zurich, Allianz o Bimbo.
